Madrid.- Si esta mañana Aena comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el Tribunal Supremo había rechazado la solicitud de retasación de las fincas expropiadas por la ampliación del aeropuerto de Barajas, por la tarde se sabía que el presidente de la gestora aeroportuaria, José Manuel Vargas, era citado como investigado por un juez.
Una de cal y otra de arena. El éxtasis y el tormento. Dos noticias judiciales de signo opuesto para el presidente y consejero delegado de Aena precisamente en el mismo día en que se celebraba la segunda Junta General de Accionistas y se daba cuenta de los resultados económicos de la empresa.
Según publica El Confidencial, el Juzgado de Instrucción número 35 de los de Madrid ha citado a declarar como investigados y querellados a Vargas y su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Lema, por los presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente. Junto a ellos, también han sido convocados Amparo Brea álvarez, directora de Planificación y Medio Ambiente; y José Manuel Hesse Martin, anterior director de Medio Ambiente, según aparece en el auto al que ha tenido acceso el medio citado y que tiene fecha de notificación del pasado sábado.
Vargas y Lema deberán personarse ante el juez para tomarles declaración el próximo lunes, mientras que Brea y Hesse deberán comparecer dos días después.
La querella por presunto incumplimiento de pronunciamientos judiciales en firme para cesar el ruido por tráfico aéreo que sufre la urbanización madrileña Ciudad Santo Domingo fue presentada por vecinos de la misma en noviembre de 2014. Los querellantes señalaban entonces que habían pasado seis años desde que el Tribunal Supremo sentenciase que se habían lesionado sus derechos fundamentales por contaminación acústica y ordenase el cese de la causa de la lesión, sin que se haya ejecutado la sentencia, situación que afecta a miles de residentes en una población consolidada muchos años antes de la ampliación del aeropuerto.
La querella fue presentada porque el colectivo vecinal entiende que no se han cumplido las resoluciones del Tribunal Supremo de 2008, 2011 y 2013 instando a Aena a poner medidas para cesar el ruido que padecen los vecinos. En octubre de 2013, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estimó los recursos de casación interpuestos por casi 1.200 vecinos de la urbanización madrileña, declaró incumplida otra sentencia suya anterior y ordenó a la Sala de instancia a seguir el incidente de ejecución en los términos y con el alcance indicados en esa sentencia.
En diciembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en cumplimiento de la sentencia del Supremo, ordenó reducir un 30% los vuelos sobre la cita urbanización madrileña como consecuencia de las operaciones realizadas en la pista 18R/36L del aeropuerto de Barajas. Esta resolución está recurrida y levantada cautelarmente la orden de reducción del 30% de los vuelos.
Así las cosas, Aena que este martes ha celebrado en Madrid su segunda Junta General de accionistas, se encuentra con un múltiple frente judicial. Por un lado, la necesidad de ejecutar la sentencia del cese de la causa de la lesión de un derecho fundamental de los vecinos de la urbanización y los diferentes recursos presentados. Esto podría suponer desde la reducción de operaciones en un 30% en la pista 18R/36L o la supresión total de la misma. Por otra parte, está la querella criminal contra varias personas, entre ellas, el presidente de Aena.
Por otro lado, éste, José Manuel Vargas, tiene que velar por el crecimiento del valor de la compañía que dirige, por el interés de sus accionistas y el de sus clientes, que son las compañías aéreas. Suprimir las operaciones de esa pista o reducirlas supondría un devengo muy importante en la cuenta de resultados no sólo de Aena, sino también de sus accionistas y de las compañías aéreas. A lo que habría que añadir la bajada de tarifas aeroportuarias exigida por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), que supone un 2,02% en los próximos cinco años y, por otro lado, el impacto del “brexit”.
De ahí que parece ser que en los últimos tiempos se viene manteniendo una batalla importante entre la dirección de Aena, favorable, al parecer, al cumplimiento de la sentencia sin esperar a los resultados de la tramitación de los recursos interpuestos, y el Ministerio de Fomento, dispuesto a agotar todos los medios posibles para que no se reduzcan los beneficios de una empresa enarbolada en numerosas ocasiones como ejemplo de la gestión del actual Gobierno.
