El espacio exterior ha sido hasta hace pocos años un asunto de los estados. éstos han sido los únicos sujetos en las relaciones y el derecho internacional. En la actualidad agencias internacionales y empresas multinacionales están absolutamente involucradas en la conquista de la última frontera.
El espacio es un ‘global common’, uno de los espacios comunes de la humanidad junto con el mar, el aire y el ciberespacio que, por su propia naturaleza, no puede ser de nadie, sino de todos. Nadie puede reclamarlos, puesto que nadie puede realizar ningún acto de soberanía sobre ellos.
De hecho, el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, considera el espacio como “no susceptible de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”, y pone el acento en los Estados. Para aquellos con aspiraciones espaciales, cualquiera que sea su motivo (imagen-propaganda, tecnología, poder) es fundamental el acceso libre y franco, sin condiciones, al espacio.
Este acceso, en el caso de los EE.UU, hasta el último lanzamiento del transbordador “Atlantis” (2011) bajo la presidencia de Obama, en la misión STS-135, antes de la cancelación del programa, se venía haciendo por la USAF. Hasta ahora las compañías privadas tenían vedado los lanzamientos con carga militar, por ejemplo, pensemos en un satélite espía. Es más, hasta hace poco tiempo no se concebía que un Estado, y menos los EE UU, no tuvieran la capacidad y medios necesarios para acceder cuándo y cómo quisiera al espacio, sin necesidad de depender de compañías privadas.
Esto es así, porque el acceso libre y franco al espacio, y sin dependencias de, por ejemplo, la industria, es un elemento estratégico, y fundamental dentro de toda estrategia de seguridad nacional. Así lo dejaba entrever el general norteamericano de 4 estrellas, John Hyten, el máximo responsable de espacio de la USAF el pasado mes de abril.
Las cosas han cambiado, y lo demuestra el hecho de que desde mayo hay ya dos empresas con capital privado, certificadas por el Pentágono para realizar lanzamientos militares espaciales. La última en incorporarse al selecto club, no sin dificultades, es SpaceX, del multimillonario y creador de PayPal y Tesla, Elon Musk. La otra, es United Launch Alliance (ULA), una joint venture creada a partes iguales por Boeing y Lockheed Martin, cortejada por Aerojet Rocket con 2.000 milllones de dólares.
Angel Satué, abogado especializado en industria defensa-espacio
