Bruselas.- La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si el canon que acordó pagar el Gobierno valenciano del popular Alberto Fabra al grupo canadiense SNC-Lavalin por gestionar el aeropuerto cumple con las normas comunitarias o enmascara, por el contrario, una ayuda ilegal, según publica hoy el diario El País.
El anterior Gobierno valenciano adjudicó en mayo de 2014 la explotación del aeropuerto de Castellón a la firma SNC-Lavalin. El conjunto canadiense asumió el desafío de llevar aviones a las instalaciones de Vilanova d’Alcolea a cambio de recibir del Gobierno valenciano 24,5 millones de euros durante los primeros nueve años de vigencia y gestionar el aeropuerto hasta noviembre de 2033.
A cambio, Lavalin quedó exenta de pagar ningún canon por la explotación del aeropuerto hasta que no fuera superada una cifra de tráfico de 1,2 millones de pasajeros al año. Un umbral que el conjunto canadiense, que va a invertir 7 millones de euros en el mantenimiento de las instalaciones durante los 20 años de concesión, no prevé alcanzar hasta el año 2029.
Días antes de que el nuevo gobierno de PSPV-PSOE y Compromís tomase posesión, Aerocas ha adjudicado a una empresa externa, Viarium Ingeniería SL, un contrato de asistencia técnica y supervisión del contrato de explotación del aeropuerto por 44.850 euros. Este es el último de una decena de contratos menores que desde que Lavalin gestiona el aeropuerto, la sociedad pública cerró. Se trata en todos los casos de procesos negociados sin publicidad que suman 537.000 euros y van desde el contrato para la asistencia jurídica a conceptos como la puesta en marcha del sistema de inspección de equipajes en bodega, revisión y reparación del sistema de climatización, de los sistemas eléctricos, etc. Unos trabajos que, desde la Consejería, apuntan que serían responsabilidad de Aerocas y no de la concesionaria.
Si la Generalitat, la Diputación de Castellón o la empresa pública Aerocas colaboraron con la concesionaria del aeropuerto para otorgar alguna ventaja económica a Ryanair, la compañía low cost que comenzará a operar el próximo 15 de septiembre desde Castellón con vuelos a Londres y a Bristol, la Unión Europea quiere conocer también. En caso de que el contrato firmado entre Lavalin y Ryanair incluya alguna ventaja económica que pueda estar distorsionando el mercado, la Comisión quiere informar.
La Comisión impidió pronunciarse en relación con el expediente abierto sobre el aeropuerto de Castellón. Una investigación que se ha observado ralentizada por el cambio de Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, fuentes de la Generalitat han reconocido que Bruselas abrió una investigación. Aceptaron: “Estamos revisando toda la documentación y no apreciaremos la situación hasta disponer de toda la información”. Otra fuente del Gobierno de coalición informó que los consejeros de Aerocas, la empresa de la Generalitat, nombrados por el PP han dimitido en bloque el 29 de junio pasado y nadie previno a los nuevos gestores que la UE estaba investigando el contrato.
El grupo canadiense, que tiene una notable presencia en Francia, gestiona un total de 15 aeropuertos e intenta que el de Castellón tenga un uso preferentemente turístico con vuelos charter y de bajo coste.
