Madrid.- El Gobierno ha autorizado hoy en Consejo de Ministros los trámites para la entrada de capital privado en Aena S.A., permitiendo en concreto, a la entidad pública empresarial Enaire, iniciar los trámites para el proceso de entrada de capital privado en la misma.
El Real Decreto-ley del pasado día 4 autoriza asimismo a Enaire, que continuará siendo responsable de la gestión de Navegación Aérea, al tiempo que titular de las acciones de Aena S.A., a enajenar hasta el 49% del capital social de Aena S.A. de acuerdo con los procedimientos aprobados porel Consejo de Administración de dicha entidad pública empresarial.
Este nuevo marco regulatorio permite la apertura al capital privado del accionariado de Aena S.A., garantizando un mayor control y eficiencia de los servicios prestados por el gestor aeroportuario con independencia de la titularidad pública o privada de su capital.
La entrada de capital privado en Aena S.A. se ha configurado mediante un proceso que puede contar con dos etapas que garanticen, al mismo tiempo, la estabilidad en el accionariado y el acceso a la condición de accionista de cualquier ciudadano.
Por una parte, se plantea en una primera etapa la formación de un posible núcleo estable de accionistas de referencia, independientes entre sí e independientes con la entidad pública empresarial Enaire, compuesto por inversores de referencia que adquirirán conjuntamente una participación en Aena de hasta un máximo de un 21% de su capital social.
Por otra parte, la entrada de capital privado en Aena S.A. se apoya fundamentalmente en una Oferta Pública de Venta (OPV) para la colocación en el mercado, como paso previo para el inicio de la cotización en el mercado secundario, de un número de acciones que, junto a las acciones que se hubieran enajenado, en su caso, en la fase de concurso, determinen conjuntamente la venta de acciones de hasta un 49% del mismo capital.
Este procedimiento de entrada de capital privado garantiza estabilidad en el accionariado, maximiza el valor de la participación en Aena S.A. y permite el acceso de cualquier ciudadano a su capital, todo ello con cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y objetividad en el marco de lo establecido en el artículo 175 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de lasAdministraciones Públicas.
Para este proceso se ha seguido la pauta de los mecanismos dem transformación operados en Europa por los distintos gestores aeroportuarios, que se han decantado por una configuración que permite un enfoque más competitivo, acudiendo a fórmulas societarias y configurando un marco regulatorio y económico que garantiza una mayor eficiencia en la prestación de los servicios aeroportuarios.
El Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, adopta una nueva regulación que nos acerca a los modelos europeos comparados.
Esta norma tiene por finalidad garantizar por razones de interés general, la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial, asegurando la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red, así como su gestión eficiente, y la continuidad y adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos, en términos de calidad, regularidad y seguridad, al tiempo que se garantiza la existencia de la red de infraestructuras para el transporte aéreo.
La entrada de capital privado en Aena S.A., mediante un proceso con dos etapas, ha sido informada favorablemente en el informe que ha emitido el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), con fecha 26 de junio de 2014.
El CCP concluye que tanto las fases ejecutadas hasta la fecha de emisión de este informe como el diseño de la operación contenido en los pliegos analizados para la venta de hasta un 49% del capital de Aena S.A., a través de la selección de inversores de referencia y la colocación a través de una OPV, se adaptan a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia por los que tiene que velar el Consejo.
