En tan sólo 10 días el Gobierno ha logrado aclararse sobre Aena, parte de la herencia recibida del anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y salomónicamente ha resuelto llevar a cabo in extremis la semiprivatización de la empresa pública antes de entrar en el electoral 2015, adoptando cuatro años después la solución ya anunciada por el entonces ministro socialista José Blanco.
“Es muy poco lo que queda por privatizar”, decía el pasado día 3 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las jornadas de ‘The Economist’. “Lo que vamos a poner en marcha es la privatización del sector ferroviario en el transporte de pasajeros. Se está estudiando lo de Aena, es un tema que se está estudiando. Pero, en fin, el Gobierno quiere tener las cosas claras y saber exactamente dónde vamos”, añadió el jefe del ejecutivo.
Cuantos le oímos entonces entendimos que el presidente del Gobierno no veía claro “lo de Aena”, que iba sin rumbo, “no sabía exactamente dónde va”, que esa privatización no estaba tan madura como “la del sector ferroviario en el transporte de viajeros” y que, de producirse, sería con posterioridad a ésta. Con sus palabras parecía confirmar, además, las fuertes tensiones surgidas, según parece, en el seno del Gabinete por la privatización de la empresa gestora de la red de aeropuertos españoles.
Por un lado, la ministra de Fomento, Ana Pastor, había comprometido su política aeroportuaria preparando durante dos años -y el tiempo apremia porque se echan encima las campañas electorales- una operación que contemplaba la enajenación de hasta el 60% de la empresa pública, a lo que, al parecer se oponían por razones económicas y políticas otros ministros y el jefe de la Oficina Económica de la Presidencia.
Así estaban las cosas hasta hace unos días, cuando el presidente confesó que “no estaban claras”. Y de sus palabras se deducía claramente que la privatización del sector ferroviario iría por delante de la del aeroportuario. El presidente Rajoy se veía así ante el dilema hamletiano de ser o no ser: privatizar o no privatizar; he ahí la cuestión. Pero bastaron diez días para resolver el enigma, aclarar las cosas sobre la privatización de Aena y saber dónde va. De esta forma en el Consejo de Ministros del último viernes se dio vía libre simultáneamente tanto a la privatización ferroviaria como a la aeroportuaria. ¿Qué había ocurrido en tan sólo esos diez días?
Como el sabio rey Salomón ante las dos mujeres que litigaban por la maternidad de un recién nacido, el jefe del Ejecutivo despejó en unas pocas jornadas la incógnita: semiprivatizar. Es decir, privatizar a medias o por la mitad. O lo que es lo mismo, dar parcialmente la razón a las dos partes y negársela totalmente a ambas. Lo que pasa es que el Gobierno, en vez de sacar a la venta hasta un 60% del capital social de Aena, como era el proyecto preparado por los asesores jurídicos y financieros contratados por la gestora aeroportuaria, renunciará sólo a un 49% para dejar en poder del Estado la mayoría del accionariado y del consejo de administración.
Es decir, que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, con su ministra de Fomento, después de un largo viaje de cuatro años, ha llegado exactamente a su punto de partida, justamente donde lo dejó su antecesor, Rodríguez Zapatero, de la mano del titular entonces del Departamento, José Blanco, quienes junto al vicepresidente entonces del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaron a finales de noviembre de 2010 en el Congreso de los Diputados la privatización del 49% de Aena, elevando así 19 puntos porcentuales la participación a privatizar que había fijado antes su compañera Magdalena álvarez. No era todo despreciable en la herencia recibida, por lo que se ve.
Así pues, ni el 30% de álvarez ni el 60% de Pastor. “Virtus in medio”, “divide y vencerás”, “partid al niño en dos”, que dijera Salomón el Magnífico. O sea, que no ha habido ganadores ni perdedores. O si se apura, que el vencedor, ha sido José Blanco. Entre gallegos anda el juego. De esta forma el Gobierno del PP tapa la boca a la oposición parlamentaria y sindical.
Claro que para ese larguísimo viaje de cuatro años al punto de partida no eran necesarias tantas alforjas de comunicación, de ejercicios contables y asesores económicos, financieros y jurídicos. Para ese viaje a ninguna parte, no eran precisos tanto tiempo perdido al fin y tanta inversión.
Ahora está por ver si los resultados económicos que se prevén concuerdan con la realidad y lo atractivo que resulta para los “accionistas de referencia” o núcleo estable, compuesto por entre tres y cinco inversores, el reparto del 21% de Aena Aeropuertos y el mantenimiento de su control por el Estado, “al margen de otras contrapartidas que puedan ofrecerse a cambio y no comprendidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 1996”, según señalaron a este diario algunos expertos en el tema. Lo verdaderamente constatable por el momento es que Aena registró el último año 17 millones de pasajeros menos que en 2011 y 350.000 operaciones menos que en ese mismo año.
Anticipándose a toda reacción de la oposición parlamentaria y de los sindicatos, el Ministerio de Fomento ya ha dejado bien claro que la decisión salomónica del Gobierno de semiprivatizar Aena -o como dice eufemísticamente, copiando al Gobierno socialista, “dar entrada al capital privado”- tiene autorización legal por el Real Decreto Ley 13/2010 del 3 de diciembre de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que contiene un capítulo titulado “Modernización del sistema aeroportuario”.
