Bruselas.- El pleno del Parlamento Europeo debatió ayer y votará mañana las nuevas normas para preservar la capacidad de las autoridades locales para influir en las medidas de reducción de la contaminación acústica en zonas habitadas próximas a los aeropuertos.
El ruido de los aviones puede ser muy perjudicial para los nervios de los ciudadanos e incluso para su salud. Por eso la mayoría de los aeropuertos y de las autoridades públicas imponen restricciones al vuelo de los aviones. En España, el Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente a propósito del ruido de aviones que sobrevuelan la urbanización madrileña de Santo Domingo, próxima al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, estando pendiente por parte de Aena el cumplimiento de sentencias.
Las nuevas normas europeas prevén que las medidas para reducir el ruido deberán basarse en criterios objetivos y cuantificables y la toma de decisiones deberá realizarse a través de procedimientos abiertos y transparentes en los que participen las entidades locales y otros grupos de interés.
El ruido de los aeropuertos es un problema que afecta a todos los países de la Unión Europea, ya que los mismos aviones aterrizan y despegan por toda Europa. Una exposición prolongada a sonidos de más de 85 decibelios puede provocar pérdida de audición. El ruido alrededor de los aeropuertos con frecuencia supera los 100 decibelios.
Según la Eurocámara, la reducción del ruido no debería suponer incrementos de costes para las aerolíneas ni los consumidores. Ya es una prioridad para los fabricantes de aviones cuando desarrollan nuevos modelos. A los aviones en servicio en la actualidad se les incorporan con frecuencia dispositivos para reducir el ruido. De manera que no se esperan costes adicionales.
La influencia de las autoridades locales en las restricciones del ruido es muy importante. El Parlamento eliminó la propuesta inicial de dar a la Comisión Europea derecho a revisar todas las nuevas reglas, defendiendo el principio de subsidiariedad y garantizando que las decisiones finales sobre el ruido corresponden a las autoridades locales.
Si se adopta, el reglamento entrará en vigor dos años después de su publicación en el Diario Oficial.
