Madrid.- El juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano cursará el suplicatorio para que el ex ministro socialista de Fomento José Blanco sea juzgado por tráfico de influencias por haber ayudado a un amigo suyo a conseguir la licencia municipal imprescindible para construir una nave próxima al aeropuerto barcelonés de El Prat.
En un auto conocido el pasado viernes, el juez del Supremo considera "determinante” el cambio de actitud del Ayuntamiento de Sant Boi después de las reuniones con el alcalde, el socialista Jaume Bosch, provocadas por Blanco.
“Es determinante el cambio de actitud del Ayuntamiento después de las reuniones con el alcalde, provocadas por el aforado. Tales reuniones buscaban una solución política al tema (el alcalde no es técnico en la materia) cuando la razón denegatoria de la licencia tenía su base en el incumplimiento de las condiciones técnicas”.
“La petición de un suplicatorio -añ;ade el juez- sólo precisa de la existencia de simples indicios de la comisión de ese delito, que ya consideró concurrentes en su momento la Sala de enjuiciamiento que designó a este Instructor y ordenó proceder contra el aforado, precisamente por hallar una base indiciaria razonable para investigar unos hechos que presentaban carácter delictivo”.
Según el auto judicial, en la declaración del secretario de Estado, Isaías Táboas, quedó claro que actuaba como mandatario del ministro lo que no se explicaría sería una actuación de Isaías ante el alcalde de Sant Boi en beneficio del amigo de José Blanco al que ni siquiera conocía.
“No es preciso que se especifique en sus detalles la capacidad de influir del ministro, vicepresidente del Gobierno y alto cargo del Partido Socialista, en una autoridad que pertenece a un partido hermano, habiendo encomendado la realización de los contactos a un secretario de Estado de su departamento que sí pertenecía al mismo partido que el alcalde de Sant Boi el PSC, aunque no se conocieran. En cualquier caso la jurisprudencia ha entendido que la afinidad política y el desempeñ;o de ciertos cargos de tal naturaleza puede constituir una forma de presión o influencia en la persona que tiene que dictar la resolución. De todos modos, tal extremo ha de quedar reservado a la valoración del tribunal sentenciador si la causa llegara a ese trámite”, arguye el juez. Y concluye: “El delito de tráfico de influencias va dirigido a forzar una resolución de una autoridad o funcionario, que si es injusta podría integrar un delito de prevaricación”.