La Dirección General de Tráfico ha distribuido por el territorio español los 39 drones de vigilancia -28 más que en 2020-, que tendrán su base en las unidades de medios aéreos y/o en los sectores de tráfico de la Guardia Civil para apoyar la acción de los 12 helicópteros de tráfico.
Coincidiendo con este despliegue, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asistió este martes en la sede de la DGT a una demostración del funcionamiento de estos aparatos, de fabricación y tecnología españolas, que convirtieron a España en un país pionero en su uso en funciones de tráfico. En mayo de 2018 los drones comenzaron a utilizarse en modo de prueba y desde agosto de 2019 se destinan a la vigilancia y detección de infracciones.
Los drones están destinados a la detección de conductas temerarias al volante y a la vigilancia del tráfico en aquellos tramos de elevado riesgo de accidentes y en las carreteras con un mayor tránsito de usuarios vulnerables, en particular ciclistas, motociclistas y peatones.
También se utilizan para la monitorización y apoyo a la regulación en operaciones y eventos especiales en los que se concentra un elevado número de movimientos en carretera; para misiones ordinarias de regulación complementarias a las desarrolladas por los helicópteros; y para apoyar en situaciones de emergencia que por su gravedad afecten de manera notable a la circulación y seguridad de los usuarios de la vía.
La DGT ha formado a 35 efectivos en el pilotaje de este tipo de aeronaves y a 60 efectivos en el manejo de las cámaras que estos sistemas integran. La DGT está acreditada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como operador de sistemas de aeronave pilotada remotamente. Asimismo, la Unidad de helicópteros de la DGT es una organización de entrenamiento de pilotos para la emisión de los certificados básico y avanzado para el pilotaje de drones.
¿Cómo funcionan?
La puesta en funcionamiento de estas aeronaves la realizan un piloto, que se ocupa de la manipulación de los controles de vuelo, y un operario que maneja la cámara, funciones ambas que pueden ser realizadas tanto por personal de la DGT como por agentes de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil, previa obtención del certificado requerido.
La infracción captada por drones podrá ser notificada en el acto por un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o ser tramitada posteriormente por las autoridades competentes. Todas las sanciones dispondrán del fotograma correspondiente con la evidencia de la infracción cometida por el conductor.
Los 39 drones van a estar repartidos por toda la geografía, excepto País Vasco y Cataluña, comunidades con las competencias transferidas.
A 120 metros de altura
Cada patrulla de helicópteros de DGT contará con dos drones para desarrollar misiones en su entorno local y zona de influencia (comunidades limítrofes). La base central de Madrid contará con 15 aeronaves que, además de sobrevolar las carreteras de Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha, darán apoyo al resto de provincias del territorio nacional que lo necesiten.
Por su parte, Cantabria, Asturias y Extremadura dispondrán de dos drones por zona; y las zonas insulares de Baleares y Canarias, con tres unidades cada una. Todos funcionan a una altura de 120 metros y sus hélices les permiten alcanzar los 80 kilómetros/hora. Pueden soportar temperaturas de entre 20 y 45 grados.
Disponen de una autonomía de hasta 40 minutos, periodo tras el cual se procede al cambio de batería y pueden retomar el vuelo inmediatamente. A pesar de que el rango de acción de los drones de la DGT puede llegar a los 10 kilómetros, actualmente la Unidad de Medios Aéreos mantiene en todos ellos la línea de visualización que va entre uno y dos kilómetros.
Desde el inicio de la actividad de vigilancia del tráfico con drones, en 2018, la DGT lleva acumuladas 500 horas de vuelo con estos sistemas, ha realizado el seguimiento de más de 55.000 vehículos y ha detectado más de 600 infracciones. Se ha convertido en uno de los medios más efectivos de detección del uso de telefonía móvil al volante (representan el 12,5% de las infracciones totales detectadas con RPAS), del uso incorrecto de cinturón y de los sistemas de retención infantil (15,9%), y de adelantamiento a ciclistas sin respetar las distancias mínimas de seguridad (4%).
