El próximo día 29 de este mes entrará en vigor en Nueva Zelanda la nueva ley sobre la infraestructura espacial terrestre (GBSI) referida a los sistemas en la Tierra que interactúan con las naves espaciales, según anunció este miércoles la ministra del Espacio, Judith Collins.
Nueva Zelanda está comprometida con el uso seguro y responsable del espacio. El Gobierno está gestionando los riesgos que plantea la GBSI mediante el establecimiento de un nuevo régimen regulatorio que abarca la infraestructura nueva y existente. Para respaldar esto, se modificó la Ley sobre el espacio ultraterrestre y las actividades a gran altitud, que entrará en vigor el próximo martes.
La nueva normativa se dirige a las siguientes actividades de GBSI y se aplica a los operadores existentes en Nueva Zelanda:
– Comunicarse con un objeto espacial, incluso, sin limitación, con el propósito de seguimiento del objeto espacial, telemetría o control de dicho objeto.
– Identificar o vigilar un objeto espacial.
Pero no incluye una actividad de carácter personal, doméstico o del hogar, que se realice como pasatiempo recreativo, incidental a una empresa si ésta no se relaciona de otra manera con GBSI o una actividad regulada (por ejemplo, el uso por parte de una granja, escuela u hotel de una antena parabólica o una terminal de Internet por satélite). Además, no incluye si no es realizada con fines astronómicos por o en nombre de un servicio de emergencia (incluida la Policía de Nueva Zelanda, el Servicio de Bomberos y Emergencias de Nueva Zelanda y los servicios hospitalarios y de salud).
Por otro lado, no se incluye si es para utilizar un sistema disponible públicamente para calibrar un instrumento de medición o para acceder a un servicio de seguridad, posicionamiento, navegación o cronometraje (por ejemplo, mediante un dispositivo de posicionamiento en un automóvil o una embarcación), a menos que el uso de ese sistema sea para fines que incluyan: controlar un objeto espacial, apoyar o mejorar el funcionamiento de un objeto espacial.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de una declaración de que el operador cuenta con mecanismos de seguridad de protección y, cuando corresponda, con mecanismos de diligencia debida con el cliente.
Será un delito ignorar los requisitos del régimen y podría conducir a la enajenación de intereses y derechos sobre la infraestructura; una multa de 50.000 dólares y hasta un año de cárcel para una persona o una multa de hasta 250.000 dólares para una entidad. Además, se prevén sanciones adicionales por el incumplimiento de diversas medidas de cumplimiento previstas en la nueva ley.
