La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a 131 controladores aéreos de cuantos se declararon en huelga a primeros de diciembre de 2010. Los aeropuertos españoles vivieron aquellos días en vísperas del puente de la Constitución un caos que desembocó en la declaración por parte del Gobierno del estado de alarma y la militarización de los servicios de control aéreo.
La sentencia actual, a la que tuvo acceso el diario digital El Confidencial, indica que el hecho de que pudiera haber controladores que no acudieran a su puesto o que se concentraran en un hotel en señal de protesta ante la nueva normativa aprobada en el último Consejo de ministros, no se puede considerar como un efectivo abandono del servicio una vez que se cerró el espacio aéreo.
«Se trató de una decisión dentro del margen de discrecionalidad de Aena, equiparable en cierto sentido con el cierre patronal ante una situación de presión o reivindicación laboral, en cuyo contexto difícilmente cabría hablar de abandono de servicio porque con la indicada regulación, fuera de los vuelos a que se refiere el Convenio de Chicago, no había vuelos que controlar», agrega la resolución judicial.
Una juez de Madrid los había condenado a multas de hasta 31.500 euros junto al gestor aeroportuario Enaire por abandono del servicio público después de que la mayor parte de ellos llegara a un acuerdo con la Fiscalía y aceptara los hechos. Un pequeño grupo recurrió y ha logrado ahora la exoneración de todos.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero culpó del conflicto de diciembre de 2010 a los controladores aéreos y más de 400 profesionales fueron encausados por sedición en los tribunales. En los años transcurridos desde entonces, una veintena de juzgados han ido archivando una por una las causas que pesaban sobre los controladores aéreos.
Según la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), “jueces y fiscales han descrito en sus autos y escritos de archivo un escenario muy distinto al que trasladó a la opinión pública el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Fomento, José Blanco, arrojando luz sobre las verdaderas causas del conflicto: una política errática y un conjunto de decisiones normativas que en realidad encaminaban a los aeropuertos hacia un estrangulamiento de los servicios de control aéreo por errores de planificación y grave insolvencia en la gestión del Ministerio de Fomento, deliberadamente ocultada ante los ciudadanos”, señaló el sindicato de controladores..
