Probablemente, algunos de los miles de residentes en las inmediaciones de Heathrow se acuerden hoy de sus homólogos de la urbanización madrileña Ciudad Santo Domingo, que desde hace 14 años pelean judicialmente con Aena y el Ministerio de Fomento por la lesión de su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria -Supremo dixit- que ocasionan los sobrevuelos en las aproximaciones a la pista 18R del aeropuerto de Madrid/Barajas.
Y tal vez presten atención a la inminente sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dicte en próximas fechas al respecto, según se espera desde hace tiempo.
Nada menos que 25 años ha tardado un Gobierno británico en decidirse a tomar una medida tan impopular: aprobar la construcción de una nueva pista en contra del principal partido de la oposición, frente a grupos ecologistas y a los vecinos del mayor aeropuerto de Londres y el más importante de Europa.
Baste recordar que la ahora primera ministra del Gobierno, que acaba de adoptar una decisión tan controvertida, dejó escrito el 20 de mayo de 2010 en la cuenta de Twitter del movimiento “Stop Heathrow Expansion’ el siguiente twit: "Al igual que muchos residentes locales, celebro la cancelación de la tercera pista". Y ahora tan campante. Ya ven, todo absolutamente normal.
Es verdad que Theresa May y su Gobierno han contado con la recomendación -y el poder de persuasión- de una comisión que el año pasado se pronunció a favor de la construcción de una tercera pista y la sexta terminal de Heathrow frente a la ampliación de Gatwick y, según la cual, supondrá crear 77.000 empleos de aquí a 2030 y un beneficio económico de 70.000 millones de euros. Razones convincentes para cambiar de opinión y decisión, al parecer. Por la Gran Bretaña.
La ampliación de Heathrow es una cuestión de Estado. "La decisión adoptada es una de las claves del plan del Gobierno para construir un Reino Unido global y una economía que funcione", ha señalado el Ejecutivo en un comunicado. Durante el año próximo se someterá a consulta pública y a la aprobación por el Parlamento.
¿Y el derecho fundamental de los vecinos a su intimidad familiar y el impacto medioambiental? El ministro de Transportes, Chris Grayling, asegura que se compensará a los vecinos por esta ampliación. El Gobierno va a exigir a Heathrow -es decir, a sus gestores, y en primer lugar a la constructora española Ferrovial, principal accionista-, un gasto de casi 3.000 millones de euros para compensar a los vecinos cuyas casas tendrán que ser demolidas y para financiar el aislamiento acústico de las viviendas que queden cercanas a la nueva pista de aterrizaje.
