Madrid.- El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer con 183 votos a favor, 148 en contra y 7 abstenciones, una moción a propuesta del Grupo ERC-IU-ICV pactada con los grupos del PSOE y CIU y con la oposición del PP, que insta al Gobierno a desarrollar una reforma estructural de su último modelo aeroportuario.
La Cámara baja pide así al Ejecutivo que lleve a cabo, a lo largo de 2011 y a través de la incorporación de la directiva 2009/12/CE relativa a tasas aeroportuarias en la Ley de Seguridad Aérea y los correspondientes Reales Decretos que desarrollan las previsiones del RDL 13/2010, una reforma estructural del modelo aeroportuario para incrementar la eficacia y eficiencia del sistema, mejorar su competitividad y asegurar el cumplimiento de las directrices europeas.
El texto aprobado insta al Gobierno a diseñar un nuevo modelo que prevea la participación efectiva de las comunidades autónomas y, en su caso, las administraciones locales y sectores económicos en la gestión del aeropuerto, así como una adecuación de la estructura patrimonial y de ingresos vinculados a la explotación del aeropuerto al nuevo régimen flexible y competitivo.
Con estos objetivos, la moción indica que el Gobierno establecerá mecanismos de participación de las administraciones territoriales y sectores económicos en los órganos de gestión aeroportuaria de forma que puedan defender con eficacia sus intereses. Para ello, el Gobierno preverá la participación determinante de representantes de las Comunidades Autónomas, y en su caso las administraciones locales y sectores económicos en los Consejos de Administración de Sociedades de gestión individualizada de aeropuertos de alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión. Dichos representantes serán nombrados por Aena a propuesta de las respectivas administraciones o sectores. Para el caso de los aeropuertos cuya gestión, además, sea objeto de concesión, como serán los casos de Barcelona y de Madrid, preverá igualmente la participación determinante de la Comunidad Autónoma y, en su caso, las administraciones locales en el Consejo de la sociedad filial responsable del seguimiento de la gestión de la concesión.
El texto reclama también al Gobierno que adecue el régimen de contraprestación de los servicios aeroportuarios a través de un sistema de precios privados respecto a todos los servicios que no tengan la consideración de prestaciones patrimoniales públicas (tales como la prestación pública por Salida de Pasajeros, por Carga, por Servicios de Estacionamiento o por Suministro de Combustibles).
Esta fijación de precios garantizará una libre competencia entre gestores aeroportuarios y su fijación se someterá al régimen de consulta, transparencia y no discriminación en materia de aprobación de precios aeroportuarios que se deriven de la transposición de la directiva de tasas aeroportuarias 2009/12/CE. Concretamente, establecerá un sistema de prestaciones patrimoniales públicas que permita a los gestores aeroportuarios una mayor capacidad de individualizar y singularizar la gestión para cada aeropuerto a partir de la capacidad que se le otorgará a los gestores para proponer descuentos, recargos y bonificaciones individualizadas para cada aeropuerto sobre las tarifas públicas. Igualmente, preverá que los aeropuertos que sean objeto de concesión dispongan de libertad tarifaria para establecer sus propias tarifas sin limitación, excepto la que se desprenda del arbitrio de la Autoridad Estatal de Supervisión que debe establecerse al efectuar la transposición de la directiva de tasas aeroportuarias 2009/12/CE.
Por último, el documento aprobado insta al Ejecutivo a actualizar los criterios de calificación de aeropuertos de interés general para contribuir al desarrollo y mejorar la viabilidad económica de los aeropuertos territoriales.
