Madrid.- Los hechos del primer fin de semana de este mes “no han sido un episodio aislado, sino la culminación de un largo proceso de sucesivas amenazas, chantajes, actuaciones irregulares y coactivas mediante las que un colectivo de profesionales del sector público, valiéndose de la fuerza que les da el control de un elemento esencial de la navegación aérea, ha venido tratando de imponer un status económico y laboral cargado de privilegios injustos e inaceptables”.
Así comenzó ayer su larga comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el ministro de Fomento para exponer los antecedentes próximos y remotos del “proceso” que culminó en la declaración del Gobierno del estado de alarma el pasado día 4 ante “el sabotaje” de los controladores y las consecuencias que el mismo ha de tener.
Blanco se negó a llamar “huelga” a la actitud de los trabajadores de las torres de control el pasado día 3. “La huelga es un derecho legítimo de los trabajadores, reconocido en la Constitución y amparado por los poderes públicos cuando se ejerce con arreglo a la ley. El sabotaje de un servicio público esencial es un delito, también descrito en las leyes y que tiene consecuencias para quienes lo cometen. La diferencia entre una cosa y la otra está completamente clara para nosotros. Y es necesario que a partir de estos hechos esté igualmente claro para todos. Los controladores aéreos nunca llegaron a hacer efectivo su derecho constitucional a realizar una huelga legal, como el resto de los trabajadores. Siempre han utilizado una estrategia de presión y chantaje, a lo largo los últimos 30 años”, apuntó el ministro.
“Los controladores no pueden abandonar las torres de control en pleno tráfico igual que los médicos no abandonan los quirófanos en plena operación: por un elemental sentido de la responsabilidad que es exigible a cualquier persona adulta. Y si lo hacen merecen, además de la calificación jurídica que corresponda, el más duro de los juicios en el terreno simplemente ético”, añadió el titular de Fomento.
“Creo que ha llegado el momento de que esta Cámara reflexione sobre los problemas de fondo que están detrás de ellos y siga tomando las medidas de reforma legislativa que sirvan a la vez para adecuar el régimen de la navegación aérea al marco europeo y para evitar la repetición de este tipo de situaciones. Tengo la intención de explicar y defender ante sus Señorías que las sucesivas decisiones que tomó el Gobierno fueron: legales, porque todas ellas están amparadas en la Constitución y en la leyes; adecuadas, porque respondieron de forma proporcional a la gravedad de la situación creada; necesarias, porque sin ellas no era posible garantizar el restablecimiento de la normalidad a corto plazo; y eficaces, porque lograron su propósito, que no era otro que hacer prevalecer inmediatamente la legalidad sobre la ilegalidad y el interés público por encima del privado. Y tengo la intención también de pedir a la Cámara que respalde las decisiones que haya que tomar a partir de este momento para que la vuelta a la normalidad sea permanente y para que puedan solucionarse los problemas de fondo de nuestro sistema de navegación aérea, que no se limitan al régimen de los controladores, aunque éste es sin duda uno de ellos”, concluyó el ministro.
