Madrid.- Cinco mil afectados por el abandono de los puestos de trabajo de los controladores que ocasionó el cierre del espacio aéreo español el pasado día 3 reclamarán a Aena y al Ministerio de Fomento 10.000 euros cada uno por los daños ocasionados, según anunciaron abogados del despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
La Plataforma, que ayer adquirió personalidad jurídica al convertirse en Agrupación, tiene entre sus objetivos organizar como una sola voz la defensa de los derechos e intereses de todos los que sufrieron las consecuencias del cierre del espacio aeroportuario español. Su presidenta es Elena Fuente, quien se encontraba en pleno vuelo cuando los controladores abandonaron sus puestos de trabajo y no pudo aterrizar en ningún aeropuerto español, teniendo que desviarse su avión a Portugal. En la vicepresidencia están Elsa Urrutia, a quien impidieron celebrar como tenía planeado su aniversario de boda, y Alaitz San Sebastián, cuyo padre falleció en el aeropuerto de Barajas mientras esperaba su vuelo.
Los abogados explicaron el pasado sábado la estrategia a seguir por sus clientes, quienes reclamarán en vía penal contra los controladores aéreos, y en vía civil y contencioso-administrativa a Aena y a Fomento una indemnización por daños económicos y morales y lucro cesante en determinados casos.
El ex fiscal general del Estado Juan Cesáreo Ortiz úrculo, ahora socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, confirmó que para defender a los afectados dirigirán sus reclamaciones patrimoniales contra los controladores por vía penal y contra Aena y el Ministerio de Fomento por vía administrativa, porque también son responsables por los daños y perjuicios soportados por los más de 600.000 pasajeros atrapados en los aeropuertos de toda España».
La primera acción a emprender consistirá en «presentar una reclamación administrativa ante Aena por un importe de 10.000 euros por cada afectado en concepto de daños morales, además del importe de otros daños económicos». Los abogados están elaborando una reclamación conjunta en nombre de cada uno de los afectados en la que fundamentarán la excepcionalidad de la situación y la falta de precedentes que justifica la exigencia de una reclamación por daños morales de 10.000 euros para cada afectado.
Además, el equipo de abogados de la Plataforma de Afectados se personará como acusación particular, en el caso de confirmarse que la Fiscalía General del Estado inicia un procedimiento penal; de lo contrario, valorarán presentar su propia querella.
