Zaragoza.- El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, manifestó ayer en Zaragoza que se van a proponer penas de hasta 8 años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.
«El abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la Ley de Navegación Aérea con una sanción de prisión de entre 3 y 8 años. No estamos hablando de un problema laboral porque no se han utilizando en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos”.
«Hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos», indicó el fiscal general, quien añadió que la ley prevé sanciones para todos los que han participado porque han cometido un hecho delictivo, si bien los dirigentes tienen una sanción mayor», subrayó.
El fiscal general del Estado incidió en que la convocatoria de un estado de alarma es «un hecho constitucional» que «está previsto para situaciones de emergencia en las que se hace necesario acudir a los instrumentos que la Constitución proporciona para resolver un problema que afecta a un gran número de ciudadanos». Se trata de la paralización de un servicio público esencial, además de no haberse cumplido en absoluto los servicios mínimos y causar una «gran calamidad» con situaciones «trágicas» para una multitud de personas, por lo que «se cumplen los requisitos de constitucionalidad», puntualizó Conde-Pumpido.
