Madrid.- El presidente del Gobierno justificó ayer la declaración del estado de alarma porque, haciendo uso de sus «facultades ordinarias», el Ejecutivo fue incapaz de embridar a los rebeldes que habían conducido al país a una situación «calamitosa».
Así explicaba el presidente la aplicación por parte del Ejecutivo del artículo 4.c de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. El Gobierno podrá declarar dicho estado cuando se produzca una “alteración grave de la normalidad” consistente en la “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad” y concurra alguna de las circunstancias o situaciones contenidas en este artículo: “calamidades o desgracias públicas”. Según el presidente, se daban estos supuestos; el país se encontraba en una situación de calamidad pública.
Zapatero dijo ser consciente de que la militarización y posterior movilización de los controladores civiles suscita dudas, pero defendió las disposiciones del Gobierno insistiendo en que agotó sus posibilidades de actuación mediante «medios menos excepcionales», cumpliendo de modo estricto con el «principio de proporcionalidad que subyace a la previsión del estado de alarma y que exige que la situación a que viene a dar respuesta no pueda ser gestionada mediante los instrumentos ordinarios con los que cuenta el Gobierno».
Tras hacer un recorrido detallado por los hechos ocurridos el pasado viernes, Zapatero reconoció que «desde hace días» se tenía conocimiento del riesgo cierto de que los controladores llevaran la situación a un punto insostenible, puesto que ya habían empezado a mostrar sus cartas en el aeropuerto de Santiago y posteriormente en Canarias. En ambas plazas, los controladores empezaron a dejar de asistir al trabajo alegando que ya habían cumplido con las 1.670 horas de trabajo que les asigna anualmente el decreto de 5 de agosto.
Invocó una sentencia de la Audiencia Nacional para reforzar su convencimiento de que los controladores utilizaban la negociación colectiva en fraude de ley hasta el punto de llevar al país a un «estado de excepción permanente que ninguna Administración responsable debe tolerar».
El presidente se comprometió a «depurar responsabilidades» y «resarcir daños» porque una situación como la vivida «no puede volver a repetirse». «Nadie puede tomar como rehén de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos», dijo Zapatero, quien aseguró que «no dudará en utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para evitar o poner fin a situaciones como las que hemos vivido».
