Excesivas víctimas de la intransigencia en las terminales aeroportuarias españolas. Los aviones varados sobre las pistas. Una inmensa cosecha de frustraciones e indignación, tensión, egoísmo y sufrimiento. Una multitud amostazada, un daño desproporcionado y gratuito. Elevados costes para todos y pérdidas irreparables.
Demasiados expedientes disciplinarios, reclamaciones, querellas, ingente trabajo añadido para la Justicia y los fiscales. Un país patas arriba saltando por los aires y el nombre de España por los suelos en boca de todos los foros domésticos y foráneos. Un Gobierno en estado de alarma, tremendamente débil y desbordado, desprestigiado en los ámbitos político, económico e internacional; un Ejecutivo alarmante y alarmista, sacando pecho a destiempo y en el estertor de su agonía, mientras los españoles quedan en estado no sólo de alarma, sino, sobre todo, de cabreo, desesperación y ruina. Este es el paisaje después de la batalla del fin de semana en los aeropuertos españoles convertidos en la casa -de misericordia- de todos menos de los controladores aéreos que, como hijos pródigos, se sintieron incómodos y molestos y decidieron alzar el vuelo, huir del hogar paterno, abandonar sus obligaciones con la empresa que les dio alas durante tanto tiempo y con sus conciudadanos que les pagan con sus impuestos.
Está en juego la seguridad aérea y también la seguridad del derecho fundamental de los españoles a circular libremente. No vamos a incurrir en el maniqueísmo de quienes se han empeñado en convertir esto en una historia de buenos y malos y se han olvidado de los ciudadanos, víctimas de unos y de otros, de la inmensa mayoría que paga, calla, sufre, aguanta y vota para que se gobierne y ordene adecuadamente la sociedad, la vida en común, en libertad. El pasado viernes millones de pasajeros se disponían a emprender el vuelo desde o hacia diferentes aeropuertos españoles para pasar los días de este largo “puente” festivo. Aena había anunciado un día antes su estimación de 4,2 millones de pasajeros en estos días en sus aeropuertos y unas 30.000 operaciones. Todo inútil. El puente resultó un vuelo a la desesperación, un viaje a ninguna parte. Unos pocos, en defensa de sus privilegios e intereses y en aras de sus pretendidos derechos, con evidente abuso de poder, decidieron truncar el derecho a la libertad de movimientos de una inmensa mayoría inerme e indefensa. La Justicia decidirá en su momento, esperamos y deseamos que pronto, la culpabilidad de todo tipo a que hubieran dado lugar esos comportamientos.
Estado de alarma
Pero, además de las responsabilidades penales, están las políticas y sociales. Porque al otro lado de los controladores estaba el Gobierno intentando parchear a fuerza de decretos la nueva hemorragia, achicando como fuera la nueva vía de agua que le hacía zozobrar y desestabilizarse. En escasas horas, el Ejecutivo español que aprobaba por Real Decreto-Ley la privatización de Aena, la empresa pública gestora de los aeropuertos y la navegación aérea, tuvo que decretar también la aclaración e interpretación de las horas de trabajo remuneradas de los controladores, su militarización y el estado de alarma nacional, medidas éstas sorprendentes y sospechosas, cuando no excesivas y alarmantes.
El estado de alarma decretado por el Gobierno es un supuesto excepcional aplicado por primera vez en nuestra joven democracia de más de 32 años. Evidentemente, se ha ido muy lejos. Ni con ocasión de tremendas ofensivas terroristas ni en situaciones tan graves como el golpe de Estado del 23 F nos habíamos visto en éstas. ¿Quiere decir que estamos ante un supuesto más alarmante que el terrorismo o el atentado golpista contra la democracia? Hay muchos expertos constitucionalistas que denuncian que se ha hecho un uso impropio de la atribución que nuestra Carta Magna reserva para estas situaciones. Al menos, dos ex presidentes del Tribunal Constitucional se han manifestado en contra de estas medidas excepcionales adoptadas ahora por el Gobierno.
Pero es sólo una de las muchas preguntas en el aire que se hacen los analistas políticos y, en general, muchos españoles. En realidad se hace difícilmente comprensible la catarata legislativa desatada por el Gobierno español el pasado viernes durante el Consejo de Ministros y en las horas inmediatamente posteriores.
En primer lugar, no se digiere bien que en un Real Decreto-Ley “de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo” se mezclen churras con merinas. Es decir, se legisle sobre la subida de impuestos sobre elaboraciones de tabaco, exenciones fiscales a las pymes, privatizaciones de la Organización Nacional de Loterías y de Aena y, de paso, aclarar lo decretado en otra medida legislativa anterior sobre las horas de la jornada laboral de un grupo muy concreto y especial de trabajadores: los 2.500 controladores aéreos. Máxime, cuando en lo que va de año el Gobierno ha hecho uso de un elevado número de instrumentos legales, ha expelido un número ingente de decretos, decretos leyes y proposiciones de leyes para legislar sobre una situación concreta: los privilegios o derechos adquiridos por los controladores y consentidos durante muchos años por Aena y el Gobierno bajo distintas Administraciones de todos los partidos y colores, dando vuelo así a los controladores a quienes ahora se intenta cortar las alas y bajar los humos.
Pero lo más sorprendente es que en la comparecencia del vicepresidente primero, ministro de Interior y portavoz del Gobierno, Pérez Rubalcaba, con posterioridad a la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes a mediodía, donde se informó y explicó el contenido del importante Real Decreto-Ley aprobado -en realidad, un cajón de sastre legislativo- y en la propia referencia informativa expedida por la Secretaría de Estado de Información de la Moncloa, se concretaba con insistencia que en dicha norma se clarificaba o aclaraba un aspecto concreto de la abundante y reiterativa legislación emanada durante este año sobre el trabajo de los controladores, el relativo al cómputo de sus horas de trabajo a efectos remuneratorios. Para nada se aludió a lo que luego apareció publicado en el BOE con carácter excepcional y de emergencia a las 21,30 del propio viernes con entrada en vigor a esa misma hora: la potencial militarización de esos trabajadores que pocas horas más tarde se haría efectiva. Se había hecho precisa la introducción de una disposición adicional para modificar otra disposición adicional de la Ley 9/2010, de 14 de abril, introduciendo la cláusula “quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control”.
Ocultación
- Eso plantea muchas cuestiones. ¿Por qué se ocultó a mediodía de esa parte tan fundamental del contenido del Real Decreto-Ley que de alguna forma avanzaba ya la militarización de los controladores? ¿Conocía o intuía el Gobierno las intenciones de los controladores de abandonar dos horas más tarde los centros de control aéreo de todos los aeropuertos? ¿Omitió esa información para no causar alarma social? ¿Por qué la ministra de Defensa puso al Ejército del Aire en estado de prealerta antes de que los controladores abandonaran sus puestos de trabajo? ¿Era consciente el Ejecutivo de que con esas medidas provocaba a los controladores justo el día clave de arranque de un “puente” vacacional de 5 días o pensó que con las mismas atajaba los intentos de subversión ya avanzados dos semanas antes entre los controladores de Santiago de Compostela y Canarias? Y aún más. ¿Estaba contemplada la medida de la posible militarización del control aéreo en el texto aprobado por la mañana en Consejo de Ministros o se incorporó más tarde sobre la marcha y a la vista de los acontecimientos producidos en los aeropuertos a partir de las 17 horas? Y si estaba en el texto legal aprobado por la mañana, ¿por qué se ocultó ese dato, el más importante, en la referencia del Consejo de Ministros y en la información del vicepresidente? Por último, ¿por qué ante una situación tan grave como la vivida y de tanta trascendencia para el país a juzgar por las medidas legales adoptadas y su proyección mundial con grave deterioro de la imagen de España en el exterior no ha comparecido públicamente el presidente del Gobierno? ¿Es que ha tirado la toalla? ¿Ha abdicado de sus responsabilidades políticas y sociales? Ah, y si en el mismo Real Decreto-Ley se aprobaba la privatización de Aena y la previsible militarización de los controladores, ¿qué empresario se supone va a arriesgar su dinero para participar en una sociedad que precisa militarizar a parte de sus empleados para llevar a cabo su objeto social? ¿Qué empresario privado podría contar con el privilegio de militarizar a sus empleados y hasta disponer del estado de alarma para impedir la huelga de sus trabajadores? Y si al final, la Justicia hace recaer la responsabilidad civil subsidiaria de los enormes perjuicios económicos causados a pasajeros y compañías aéreas, ¿qué empresario se arriesgará a comprar una sociedad ya endeudada con más de 12.000 millones de euros y agravada con unas eventuales penas pecuniarias y elevadísimas indemnizaciones?
Todo hace pensar que nos hallamos ante una improvisación más de este Gobierno que ha querido dar sensación de fuerza y vigor posiblemente en unos momentos de debilidad extrema y de falta de credibilidad ante los españoles y ante el mundo. Y como en múltiples ocasiones anteriores, una vez más ha invocado el recurso pobre de inculpar de este caso al principal partido de la oposición. El secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, responsable de Relaciones Institucionales del PSOE, insinuó este fin de semana que “el PP estaba al tanto de lo que iba a ocurrir porque había hablado días antes con los controladores” y acusó al principal partido de la oposición de situarse en un día como hoy «al lado de presuntos delincuentes y en contra de los ciudadanos en un ejercicio de obsceno oportunismo».
Si el PP estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, como le atribuye el Gobierno, ¿cómo es que al presidente de ese partido, Mariano Rajoy, la situación le sobrevino en el archipiélago canario, un lugar encantador y, sin duda, el ideal para poder regresar a su domicilio en Madrid cuando le viniera en gana con el espacio aéreo cerrado?
Si el Gobierno conocía que el PP sabía lo que iba a ocurrir, ¿cómo es que el Gobierno lo ignoraba, máxime cuando llevaba hablando con los controladores no un día, sino todos los días desde hace casi siete años? ¿Cómo es que no lo sabía, si ya se lo llevaban advirtiendo los controladores de Santiago y Canarias desde el pasado 18 de noviembre? Y si lo sabían, ¿por qué no lo impidieron? “Esto no volverá a pasar jamás, ni en Navidades ni después de Navidades”, aseguró dogmático y campanudo el vicepresidente Rubalcaba. Si tan seguro está el Gobierno de su capacidad para impedir que ocurra, ¿por qué no impidió que ocurriera cuando, como indicó ayer el mismo Rubalcaba «sabíamos que la iban a armar»? Está claro que se armó y ahora todos estamos alarmados.