Madrid.- El Gobierno de Rodríguez Zapatero urge una reforma de la ingeniería y una nueva regulación de sus atribuciones que pasan por una liberalización total de la ingeniería de forma que todo ingeniero titulado “está habilitado para cualquier actividad profesional de las que ahora están reservadas a los ingenieros en sus distintas ramas y especialidades”, según el Anteproyecto de de Servicios Profesionales, al que ha tenido acceso este diario digital.
Entre las “razones de fondo” que hacen necesaria esta reforma profunda de la ingeniería, según los autores del borrador del Anteproyecto, se alega la “excesiva, obsoleta, conflictiva y caótica” regulación de las actividades profesionales en España. Es uno de los países con más profesiones reguladas y regulación más restrictiva. Existen unas 192 profesiones reguladas, de las que más de una quinta parte sólo están reguladas en España y más de dos tercios en menos de seis países de la UE”.
“Esa regulación en ocasiones data del siglo XIX o principios del XX. Hay más de 200 sentencias del Tribunal Supremo que ponen de manifiesto esta conflictividad entre los profesionales por atribuirse las reservas de actividad y repartirse el mercado, lo que paraliza la actividad económica hasta que se agota la vía judicial”, añade el texto en cuestión.
“La Directiva de Servicios no es suficiente, pues excluye explícitamente las reservas de actividad basadas en cualificaciones profesionales de la obligación de aplicar un test de necesidad y proporcionalidad. El modelo tradicional que identifica cada colegio profesional con un título determinado no es compatible con la reforma de las enseñanzas universitarias, donde ha desaparecido el catálogo oficial de títulos universitarios” aduce el borrador del Anteproyecto.
“Lo profesionales españoles tienen problemas de movilidad en un entorno europeo más integrado. Cuando se desplazan a otros países de la UE, sólo se les permite ejercer aquellas actividades para las que están habilitados de acuerdo con la normativa española. Como esta normativa es muy restrictiva, las atribuciones profesionales están muy segmentadas y se les reconoce un ámbito de competencias muy reducido. Esto les hace menos competitivos”, concluyen los autores del informe quienes esgrimen en favor de sus tesis recomendaciones de la UE, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE.
Según esto, la propuesta de reforma del Anteproyecto de Ley de Servicios profesionales pretende establecer un nuevo marco regulador que se concreta en “el principio general de libertad de acceso y ejercicio en todas las profesiones”, “reforzar la protección de consumidores y usuarios” y “continuar el impulso de modernización de los colegios profesionales”.
En suma, “la reforma de las ingenierías consiste en admitir expresamente que todos los titulados en ingeniería tendrán reconocidas facultades para realizar cuantas funciones le atribuya la normativa vigente a cualquier rama de la ingeniería”. Esta reforma, a juicio de los autores del borrador del Anteproyecto, “refuerza el denominado proceso de Bolonia, ya que no se refiere al ámbito académico, sino al de atribuciones profesionales”. Y concluyen: “se trata, por tanto, de un modelo donde cualquier ingeniero está habilitado para cualquier actividad profesional de las que ahora están reservadas a los ingenieros en sus distintas ramas y especialidades, partiendo de que todos los titulados en ingeniería comparten un núcleo común de conocimientos suficiente para habilitarles a realizar todas las funciones que tienen los ingenieros, sin alterar el modelo académico vigente”.
Conforme al mencionado borrador, las ventajas de esta reforma son las siguientes:
– “avanza en la convergencia con el modelo regulatorio europeo, en el que, en general, no hay restricciones normativas a las atribuciones de las ingenierías;
– potencia claramente la competitividad de los ingenieros españoles y facilita la prestación de servicios en otros países de la UE;
– reduce la conflictividad por el reparto de atribuciones, evitando la paralización de la actividad económica por este motivo y aporta mayor certeza y seguridad jurídica;
– genera mayor competencia entre profesionales, con el previsible abaratamiento en precios y las ganancias de eficiencia;
– y refuerza al profesional, confiando en su formación continua, en coherencia con los principios del proceso de Bolonia y en la responsabilidad que asume cada vez que firma un proyecto como mecanismo mitigador del riesgo de una actuación negligente”.
