Durante años, en España los controladores fueron militares o asimilados. La democracia trajo la desmilitarización del control del tráfico aéreo, pero no ha sido capaz en 34 años de aprobar la asignatura pendiente de los controladores.
En el verano de 1976, apenas unos meses después de la muerte de Franco, se despertaron las primeras “movilizaciones” -más certeramente, las “paralizaciones”- de los controladores españoles bajo lo que entonces se denominaban “huelgas de celo” o trabajo estrictamente conforme a reglamento.
En aquel entonces, el control de tráfico aéreo estaba en manos militares o militarizado. El perímetro del Centro de Control madrileño de Paracuellos del Jarama, por ejemplo, estaba fuertemente custodiado por centinelas del Ejército del Aire que hacían imposible el acceso a cualquier periodista que intentara recabar la opinión de los profesionales molestos con la situación y conocer sus reivindicaciones más o menos legítimas o razonables.
Con el advenimiento de la democracia se desmilitarizó el servicio de control de tráfico aéreo en nuestro país, pero nunca se saciaron las reivindicaciones cada vez más exigentes y más o menos explicables de sus profesionales ni se buscaron soluciones alternativas a un colectivo convertido en monopolio de la formación, el acceso y la gestión del servicio.
Hubo huelgas muy graves y desestabilizadoras como la desarrollada a comienzos de 1981, con ocasión del congreso nacional de la UCD en Palma de Mallorca, tras la dimisión del presidente del Gobierno Adolfo Suárez, y siempre la amenaza de huelga ha estado latente a lo largo de los años sin que los sucesivos Gobiernos de distintas siglas e ideologías plantaran cara al problema.
En el fondo, lo que subyace es el omnímodo poder del monopolio, la falta de liberalización, el déficit de recursos alternativos o sustitutorios. Algo verdaderamente incomprensible en aeronáutica, donde la seguridad prima por encima de todo y cualquier sistema por principio duplica o triplica sus elementos para evitar que el fallo de uno de ellos provoque la desgracia o el accidente.
Durante 34 largos años se ha preferido plegarse a las exigencias cada vez más amplias del colectivo antes que vérselas con una situación de fuerza como las huelgas o las más actuales de las “epidemias” o bajas generalizadas con parte médico. Pero no se han buscado soluciones como tampoco se ha abordado seriamente la legislación sobre huelgas.
El actual Gobierno emprendió una labor legislativa que desembocó primero en un Real Decreto el pasado mes de febrero, convertido posteriormente en Ley. Estaba claro que las medidas iban por el buen camino de la liberalización del servicio y la recuperación por parte de Aena de atribuciones que nunca debió ceder. Pero es obvio que no han sido suficientes para evitar la problemática situación actual de este verano, absolutamente previsible al aprobar la nueva normativa vigente. Es cierto que Senasa o algunas universidades privadas, como la Camilo José Cela, preparan y anuncian el comienzo de sus cursos de formación de futuros controladores. Ahora se decide por vía de emergencia la habilitación de personal militar para el control del tráfico aéreo civil o comercial, tarea que, según el propio Gobierno, llevaría algún tiempo. ¿Por qué no se inició este trabajo ya a partir del mes de febrero o incluso antes?, se preguntan muchos. Quizá otros se rasguen las vestiduras por una decisión de carácter eventual que nos evocan épocas ya superadas.
Es cierto que la “guerra” contra la opinión pública de unos trabajadores bien pagados, como los controladores, la tienen perdida en un país de más de cuatro millones y medio de parados y en una situación económica tan crítica como la que vivimos en que a todos se nos pide apretarnos el cinturón y, especialmente, a los trabajadores de las Administraciones y empresas públicas se les recortan los salarios e incluso a los jubilados se les amenaza con congelar o rebajar sus pensiones. Pero durante 34 años han ganado su “guerra” contra los distintos gobiernos que no han afrontado con valentía el problema. Responsables no son sólo los que piden, sino también los que para evitarse problemas han preferido el entreguismo de dar con generosidad los recursos y atribuciones que son de todos.
