Madrid.- En la Audiencia Nacional se celebró ayer la vista oral por la demanda presentada por el sindicato mayoritario de los controladores, USCA, contra el Real Decreto que modificó sus condiciones laborales y contra la Ley de tránsito aéreo que lo elevó a rango de normativa con su entrada en vigor el pasado 14 de abril.
USCA presentó esta demanda contra el Real Decreto al considerar que incumplía la normativa laboral vigente y vulneraba la Constitución Española al atentar contra los derechos fundamentales de los controladores por imponer condiciones laborales vía normativa.
La Abogacía del Estado defiende que la norma es una medida para que deje de caerse con tanta frecuencia el tráfico aéreo y ha apelado al interés público puesto que son los ciudadanos los que pagan el déficit de Aena y los que sufren el caos de tráfico aéreo.
Para la defensa del sindicato demandante, la nueva Ley, que transcribe prácticamente el Real Decreto-Ley del Gobierno de fecha 5 de febrero, modifica las condiciones laborales de los controladores aéreos y atenta contra los derechos laborales de estos trabajadores que estaban pactados legítimamente a través de la negociación colectiva.
USCA mantiene la totalidad de sus reivindicaciones en defensa de sus derechos laborales que, contrariamente a lo manifestado por el ministro de Fomento, José Blanco, no tienen la condición de “teóricos” sino de efectivos y consolidados.
El pasado 15 de abril, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional pospuso la celebración del juicio y otorgó un plazo de cuatro días al sindicato USCA y a Aena para presentar sus respectivas ampliaciones de la demanda al existir una nueva situación legal. Ese mismo día, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la entrada en vigor de la Ley, después de que el Senado aprobara el Real Decreto un día antes.
El Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de febrero, supuso la ruptura definitiva de las negociaciones colectivas que estaban bloqueadas desde 2004 y otorgó la organización del trabajo del colectivo directamente a Aena.
USCA considera e su demanda que «la alteración de las condiciones de trabajo provocó la modificación, vulneración e inaplicación de las pactadas y establecidas en el I Convenio Colectivo Profesional de los Controladores Aéreos suscrito entre Aena y el citado colectivo». La tramitación de esta demanda es la única vía legal que tienen los controladores para conseguir que el Tribunal Constitucional (TC) estudie si el Gobierno vulneró sus derechos fundamentales al imponer sus condiciones de trabajo mediante la aprobación de un Real Decreto.
Así, la Audiencia Nacional estudiará la demanda por su contenido legal en materia laboral y determinará si existe inconstitucionalidad y, en ese caso, elevar el conflicto ante el TC.
