Madrid.- La entrada en vigor de la ley que regulará el trabajo de los controladores, prevista para el próximo jueves, desmantelará la aproximación a Barajas, la zona más compleja y saturada de todo el espacio aéreo español y uno de los más complicados de toda Europa, según denuncia el sindicato mayoritario de controladores aéreos USCA.
La baja forzosa e inmediata a los 57 años, a la que obliga la ley, afectará a 31 trabajadores de una plantilla de 155 controladores, lo que supone el 20% del total. Si la plantilla ahora es insuficiente, con las bajas que se produzcan con la aplicación de la ley pueden verse afectados, con carácter inmediato, hasta 64 controladores más en toda España.
Esta medida puede poner en grave riesgo la continuidad y sostenibilidad del servicio, toda vez que esas bajas tendrán que ser cubiertas por personas que llevan fuera del servicio activo algunos años y por el resto de controladores, con la consiguiente sobrecarga de servicios y turnos, lo que puede afectar de manera sensible a las recomendaciones que hacen las organizaciones internacionales en materia de seguridad aérea.
La entrada en vigor de la ley produce la paradoja de que personas que están en plenitud de sus facultades operativas, como atestiguan los certificados médicos obligatorios que periódicamente tienen que superar, serán sustituidas por personas que desempeñan labores formativas en la escuela de controladores y que, aunque no alcanzan los 57 años, ya habían solicitado su paso a no operativos, por razones de edad, pericia o condición física. Con la entrada en vigor de dicha ley se obliga a seguir en activo en puestos de control a profesionales que desarrollaban otras labores administrativas o formativas y que no están en condiciones óptimas para soportar un trabajo de máxima concentración y estrés.
USCA ha trasladado su inquietud y preocupación a los responsables de Aena, en la reunión mantenida hoy, y su voluntad de seguir la negociación, a pesar de que Aena, a través de su dirección de Recursos Humanos, sigue incumpliendo flagrantemente el compromiso alcanzado el pasado 17 de marzo por el que el colectivo de trabajadores aseguraba la paz social.
