Madrid.- El Gobierno prepara una Ley de Modernización del Sistema Aeroportuario que entrará en vigor en la actual legislatura y que pretende ceder una parte minoritaria del control de la gestión y crear empresas filiales donde tengan entrada las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, las Cámaras de Comercio y el capital privado hasta un máximo del 30%.
Así se desprende de la exposición que hizo ayer ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el titular de Fomento, José Blanco, en su presentación del nuevo modelo de gestión aeroportuaria anunciado desde hace más de año y medio por su predecesora, Magdalena álvarez.
Por dicha Ley se creará una Sociedad Anónima estatal, segregada de Aena, que se denominará Aena Aeropuertos S.A., que tendrá competencias de gestión de la red, del mantenimiento de las infraestructuras y de los bienes patrimoniales o de dominios públicos, pero no sobre la navegación aérea.
«Los ciudadanos no entenderían que no abordaremos una reforma necesaria que permita a nuestro sistema aeroportuario desarrollar una gestión más moderna. Eficaz en la prestación de servicio, eficiente desde el punto de vista económico, generador de empleo, y adecuada a la estructura territorial de España. Ante reformas de este calado, todos debemos mirar constructivamente al futuro y no despistarnos con declaraciones o intereses que puedan afectar a un modelo con futuro», señaló Blanco.
Para aquellos aeropuertos con alto volumen de tráfico y especial complejidad, Aena S. A. contará con empresas filiales que posibiliten una gestión más individualizada y en cuyo seno el Estado tendrá una representación mayoritaria, dando cabida a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos y Cámaras de Comercio respectivos.
Cada Comunidad Autónoma contará con un comité aeroportuario, dijo el ministro, quien estableció un calendario legislativo para los próximos meses. En febrero, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Ley que establecerá el programa estatal de seguridad operativa y más tarde un Real Decreto por el que se modificará la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. Antes de junio otro Real Decreto regulará la participación de las Comunidades Autónomas en determinados aeropuertos.
