Madrid.- Tras quince meses de intensas gestiones, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez, ha conseguido conformar una comisión de peritos independientes capaces de emitir un informe sobre el accidente del avión de Spanair en el aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de agosto de 2008 y que costó la vida a 154 personas. Se trata de dos pilotos, dos ingenieros aeronáuticos y dos ingenieros técnicos aeronáuticos, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El juez Pérez tomó juramento el pasado 30 de octubre, en secreto para evitar todo tipo de presiones, a los seis integrantes del nuevo “órgano pericial colegiado” que habrá de emitir su informe sobre las causas del accidente del vuelo JK5022.
El pasado 18 de marzo fueran recusados dos de los peritos inicialmente nombrados por no cumplir los imprescindibles requisitos de imparcialidad. También lo fueron más tarde otros cuatro que, tras ser escuchados por el juez, fueron apartados de las investigaciones. La imparcialidad de estos cuatro últimos peritos estuvo comprometida por el hecho de que tres de ellos manifestaron ante el juez su incapacidad para emitir un informe sobre el accidente. Uno de éstos, empleado de Iberia, se consideró capacitado, pero admitió conocer a uno de los imputados y a otro técnico de mantenimiento aeronáutico que es, al parecer, el padre de otro imputado.
Ante la dificultad de encontrar unos peritos independientes, el juez recurrió a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) que con posterioridad remitió al Juzgado de Madrid un escrito comunicándole su decisión de no elaborar el informe solicitado. La agencia europea alegó entonces que los peritajes de esta naturaleza no son de su competencia, pero no obstanteindicó que seguiría colaborando que en lo que fuera necesario con la Agencia Española de Seguridad Aérea.
La nueva comisión pericial conformada ahora no tiene plazo alguno para emitir el informe solicitado por el juez y que servirá de ayuda para la resolución judicial junto con otro elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento, amén de los estudios aportados por la constructora aeronáutica Boeing y la propia compañía aérea Spanair.
