Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil en el Distrito Sur de Florida por un avión Dassault Falcon 900 EX, con matrícula T7-ESPRT, que fue objeto de contrabando desde EEUU bajo falsas pretensiones y operada para beneficio de Nicolás Maduro y sus representantes en la República Bolivariana de Venezuela, en violación de las sanciones y las leyes de control de exportaciones de EEUU. La aeronave fue incautada el año pasado en la República Dominicana a petición de EEUU.
La demanda alega que la aeronave Dassault Falcon 900 EX fue adquirida y mantenida en violación de las sanciones estadounidenses contra Maduro y su régimen. Según la demanda, la aeronave es incautable por violaciones a la legislación estadounidense, incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y delitos de lavado de dinero.
Desde 2014, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra individuos, entidades y sectores específicos en Venezuela para abordar la creciente opresión política y corrupción del régimen de Maduro. El 8 de marzo de 2015, el presidente determinó que la situación en Venezuela constituía una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos y declaró una emergencia nacional de conformidad con la Ley de Protección Ambiental y Económica de Estados Unidos (IEEPA) para abordar dicha amenaza.
En 2017, 2018 y 2019, el presidente Trump adoptó medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692. El 5 de agosto de 2019, el presidente emitió la Orden Ejecutiva 13884 “ante la continua usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro y personas afines a él, así como los abusos de los derechos humanos, incluyendo el arresto y la detención arbitrarios o ilegales de ciudadanos venezolanos, la interferencia con la libertad de expresión, incluso para miembros de los medios de comunicación, y los continuos intentos de socavar el ejercicio de la autoridad legítima del presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela en Venezuela”.
La Orden Ejecutiva 13884 prohíbe realizar cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o para el beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados de conformidad con la orden, incluido el Gobierno de Venezuela y el Régimen de Maduro; la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona; y cualquier transacción que evada o evite, tenga el propósito de evadir o evitar, cause una violación de o intente violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en la orden.
La denuncia alega que, alrededor del 23 de enero de 2023, una empresa con sede en el país caribeño de San Vicente y las Granadinas firmó un contrato para comprar la aeronave Dassault Falcon 900 EX a una empresa de Florida por 13,2 millones de dólares. La denuncia también alega que la persona encargada de la compra de la aeronave, supuestamente en nombre de la empresa, era un ciudadano venezolano, quien ocultó que representaba o estaba asociado con el régimen de Maduro.
La denuncia alega además que la compañía simplemente actuó como propietaria nominal del avión Dassault Falcon 900 EX, ya que se formó poco antes de la compra, en junio de 2022, y fue eliminada del registro de empresas de San Vicente por no pagar las tasas anuales dos años después, en mayo de 2024.
La denuncia alega además que los fondos utilizados para comprar el avión Dassault Falcon 900EX se enviaron a través de múltiples transferencias bancarias desde diferentes países, incluida Malasia, utilizando dólares estadounidenses y euros, y que la compañía utilizó una dirección de correo electrónico con un dominio «.ae» de los Emiratos Árabes Unidos para comunicarse con el vendedor con sede en Florida, a pesar de que los representantes de la compañía supuestamente tenían nombres españoles y algunos de los correos electrónicos contenían la frase «Enviado desde mi iPhone».
La denuncia alega además que el avión Dassault Falcon 900 EX voló desde Estados Unidos a San Vicente el 3 de abril de 2023 o alrededor de esa fecha, y aproximadamente cinco horas después, partió hacia Caracas, Venezuela, pilotado por dos miembros de la Guardia de Honor Presidencial venezolana y acompañado por una segunda aeronave que opera desde una base militar venezolana.
La denuncia alega además que, desde mayo de 2023, el avión Dassault Falcon 900 EX ha volado hacia y desde Venezuela al menos 21 veces y se ha visto a Maduro viajando con el avión en visitas oficiales a otros países, incluido un intercambio de prisioneros con Estados Unidos en diciembre de 2023.
Según se alega, en marzo de 2024, el avión Dassault Falcon 900 EX fue trasladado a la República Dominicana para recibir servicio y mantenimiento, donde la Compañía Extranjera 1 se hizo pasar por la propietaria, ocultándole a la empresa de mantenimiento de aviones con sede en República Dominicana que el avión había sido comprado y operado para beneficio del régimen de Maduro.
La denuncia alega además que en al menos en dos ocasiones en mayo de 2024, el ciudadano venezolano, supuestamente actuando en nombre de la compañía, y otras personas venezolanas, incluido personal militar, intentaron recuperar el avión Dassault Falcon de la República Dominicana.
