La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para determinar si diversas medidas de financiación, por un total de 21 millones de dólares, por entidades públicas húngaras a favor de Malév Ground Handling son ayudas estatales y cumplen las normas de la UE sobre ayudas a empresas en crisis.
Malév GH es una antigua filial de Malév, la aerolínea húngara que se declaró en quiebra en 2012. Actualmente, la compañía es propiedad de la agencia estatal de gestión de activos MNV Zrt, opera en el mercado de asistencia en tierra en el aeropuerto de Budapest.
Desde la quiebra de Malév en 2012, Malév GH está experimentando dificultades financieras. MNV, junto con otra empresa estatal llamada Tiszavíz y el Banco Húngaro de Desarrollo Magyar Fejleszesti Bank (MFB), han tomado una serie de medidas de financiamiento a favor de la compañía desde 2012.
En agosto de 2017, Budport, una empresa privada competidora y ex subcontratista de Malév GH, presentó una queja ante la Comisión alegando que varias inyecciones de capital, cancelaciones de deudas y préstamos otorgados a Malév por MNV, por Tiszavíz y por El MFB constituyó ayuda estatal, que no es compatible con las normas de la UE aplicables.
La conclusión preliminar de la Comisión es que cinco medidas adoptadas a favor de Malév GH, en forma de préstamos, aumentos de capital o la conversión de deuda en patrimonio, pueden constituir ayuda estatal en el sentido de las normas de UE. En este momento, a la Comisión le preocupa que estas medidas hayan otorgado a la empresa una ventaja competitiva injusta sobre otros operadores de asistencia en tierra en el aeropuerto de Budapest, en violación de las normas de la UE sobre ayuda estatal.
Las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular las Directrices estatales de salvamento y reestructuración de 2014, permiten la intervención estatal en favor de una empresa con dificultades financieras bajo condiciones específicas, estableciendo en particular que la empresa debe ser objeto de un plan de reestructuración sólido y contribuir significativamente al costo de su reestructuración, y que las posibles distorsiones de la competencia deben ser limitadas.
En este momento, la Comisión duda de que estas medidas cumplan las condiciones establecidas en las directrices. La Comisión ahora llevará a cabo una investigación adicional para determinar si se confirman sus temores iniciales. La apertura de una investigación brinda a terceros interesados la oportunidad de comentar. No prejuzga el resultado de la investigación.
