La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, presidió recientemente la constitución de la Comisión consultiva para la determinación de las sedes de la Administración General del Estado (AGE), que ayudará al Gobierno a decidir dónde se habrá de ubicar la futura Agencia Espacial Española.
La Comisión consultiva se pone en marcha en apenas 15 días, desde la aprobación del Real Decreto, el pasado 26 de marzo, a pesar del plazo de dos meses que dicha norma establece para su constitución. Lo que da idea de la urgencia que la Administración tiene para “determinar el término municipal en el que se ubicará la sede física de las nuevas entidades del sector público institucional estatal o subsedes de entidades ya existentes”, según la ministra.
“Se pone en marcha, por tanto, el órgano que asesorará al Gobierno en la determinación de las nuevas sedes de la AGE, sin incremento de gasto, porque trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los distintos departamentos ministeriales que la integran”, añade el Ministerio.
La Comisión está presidida por la ministra Isabel Rodríguez y cuenta con otros representantes del Ministerio de Política Territorial: el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, es vicepresidente; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, vocal permanente; y el director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo, secretario de la Comisión, así como con vocales permanentes de otros Ministerios.
Para cada caso concreto, la Comisión contara también con vocales representantes de los Ministerios afectados por la decisión sobre la sede del organismo en cuestión.
La Comisión, que se reunirá al menos una vez al año y siempre que haya que determinar la sede física de una entidad pública, elaborará un informe sobre los requisitos que serán tenidos en cuenta en la elección de la sede, realizará un dictamen que analizará las posibles sedes que pueden albergar la entidad afectada y elaborará un informe anual que elevará al Consejo de ministros. El Ministerio de Política Territorial estima que el proceso de asignación durará en total tres meses.
Los criterios de la Comisión para la determinación de las sedes reforzarán las políticas del Gobierno en distintas áreas, especialmente frente al reto demográfico.
El procedimiento fomenta que las diferentes administraciones y asambleas territoriales puedan presentar distintas localidades para albergar las sedes de entidades públicas estatales. Se permite además que otras administraciones públicas puedan comprometer cesiones de diferente naturaleza, como bienes inmuebles, asunción de cargas financieros o creación de la sede, de modo que la AGE no tenga que asumir íntegramente el coste de la nueva entidad.
Se fortalecerá la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.
