Madrid.- El proceso privatizador de Aena ha embarrancado una vez más, dado que el Gobierno tiene previsto blindar los aeropuertos por una ley que garantice el interés general de la red aeroportuaria impidiendo así la transferencia a las comunidades autónomas, según pudo saber este diario.
La propia ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció a primeros de mes que la decisión de privatizar Aena se tomará cuando el Gobierno "lo estime oportuno" y "se den las condiciones de mercado”; los trabajos preparatorios ya "están hechos". En cuanto a la entrada de capital privado en Aena, Pastor indicó que “se sigue trabajando en un marco regulatorio que prevé un diseño del sistema que garantice el interés general de la red aeroportuaria”.
“En esa norma -agregó la ministra- se incluirá la obligación del mantenimiento de la red de aeropuertos de interés general; se fijarán los niveles de calidad del servicio y los estándares de capacidad de las infraestructuras, el régimen de inversiones y los ingresos regulados máximos; y las condiciones de transparencia y consulta con el sector. Todo ello, bajo las condiciones de supervisión y control del regulador”.
Según medios próximos a la elaboración de ese marco regulatorio, se trata de “blindar” los aeropuertos frente a las reivindicaciones de las comunidades autónomas. Lo cual llevaría el calendario de la privatización, como mínimo, para la siguiente legislatura y no sólo por motivos políticos, sino también de carácter técnico, además de por el escaso interés suscitado entre los posibles inversores, según indicaron fuentes conocedoras del proceso de privatización.
En medios profesionales y autonómicos, por ejemplo, no se comprende bien que el Estado haya podido transferir competencias a las Comunidades en temas tan importantes como la administración de justicia, la sanidad, la enseñanza, la Policía o las instituciones penitenciarias y no se pueda hacer otro tanto con la gestión de los aeropuertos regionales.
Tampoco se entiende fácilmente -dicen- que puedan ser considerados “de interés general” muchos de los aeropuertos de la red de Aena, como los de Huesca, Burgos, León, Logroño y otros donde apenas acuden viajeros o no hay más operaciones que las de las compañías subvencionadas públicamente. En lo cual también parece que coinciden algunos de los posibles inversores interesados en participar en la privatización de los aeródromos españoles.