Madrid.- “Defensa inicia, junto a Fomento, el proceso de habilitación de 100 controladores militares para que puedan operar en centros de control y torres de aeropuertos en casos excepcionales”, hizo público el pasado sábado el Ministerio de Defensa, repitiendo el anuncio hecho ya hace medio año del acuerdo aprobado entre el presidente del Gobierno y los titulares de ambos Departamentos.
El pasado sábado, con ocasión de la conclusión del estado de alarma y la derogación del Real Decreto de militarización de los controladores aéreos civiles, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se reunió en el Cuartel General del Aire con el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), José Jiménez Ruiz, y con el segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Javier García Arnáiz, para hacer un balance de la actuación de la célula del Ejército del Aire encargada desde entonces de dirigir y supervisar el control del espacio aéreo español.
Desde el Puesto de Mando del JEMA mantuvo una videoconferencia con los generales jefes del Mando Aéreo General (MAGEN), del Mando Aéreo de Combate (MACOM) y del Mando Aéreo de Canarias (MACAN), quienes informaron a la ministra de Defensa sobre las actuaciones llevadas a cabo por los oficiales del Ejército del Aire en la supervisión del tráfico aéreo en los centros de control y las torres de los aeropuertos españoles.
La ministra señaló que para evitar que esta situación vuelva a repetirse, los Ministerios de Defensa y de Fomento han puesto en marcha el proceso de habilitación de 100 controladores militares para que puedan operar en torres y centros de control civiles, ante situaciones de carácter excepcional. Además, el Ejército del Aire va a reforzar su plantilla de controladores.
Claro que el anuncio de la ministra, aunque en la mayoría de los medios informativos fue recogido como novedoso y extraordinario, no lo era tanto. Ya hace medio año, exactamente el 20 de julio de 2010, su compañero de Gobierno, el titular de Fomento, José Blanco, hizo público idéntico anuncio: que el Ejecutivo “había empezado a habilitar a militares para prestar servicio en las torres civiles”. Ese mismo día se publicó que “el ministro de Fomento y la titular de Defensa, junto con el presidente del Gobierno habían acordado habilitar a controladores militares para que trabajen en torres de control civiles en situaciones excepcionales”.
Blanco declaró ese día a la Cadena Ser que “se requiere una orden del presidente del Gobierno para que el personal militar pueda ocupar puestos de trabajo en los aeropuertos civiles, pero que previamente éstos tienen que estar habilitados”. En efecto, así lo prevé la Ley de Seguridad Aérea 21/2003 del 7 de julio en sus artículos 4 y 5: el presidente del Gobierno pueda aprobar una orden para que los controladores aéreos militares ejerzan el control de la seguridad aérea general, cuando se den circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen.
Mucha prisa no parece que tuvieran cuando han tardado hasta cinco meses en publicar la norma de habilitación comunitaria para los controladores militares y ahora, seis meses después, vuelven a anunciar lo acordado entonces: “el Ministerio de Defensa inicia, junto a Fomento, el proceso de habilitación de 100 controladores militares para ue puedan operar en centros de control y torres de aeropuertos en casos excepcionales”. El cálculo del JEMA no es muy optimista; estima que tardarán entre un año y año y medio en disponer de unas cien personas -y eso sólo en los centros-, para, como él mismo apunta, “aguantar el primer golpe en una situación de emergencia. Es decir: para mantener el espacio aéreo abierto durante un tiempo, aunque sea con un volumen de tráfico menor”.
Según determinados medios aeronáuticos, “tal vez tales anuncios sólo busquen un efecto disuasorio para tratar de evitar que superado el estado de alarma y una vez desmilitarizado el control de tránsito aéreo, a los controladores no les sobrevenga la tentación de repetir el plante generalizado de los pasados 3 y 4 de diciembre”.
