Madrid.- Fomento sacará a concurso público en los próximos días el servicio de las torres de control de 13 de los 47 aeropuertos de la red de Aena, según anunció ayer el ministro de Fomento, José Blanco, en su comparecencia parlamentaria.
En concreto,se trata de los aeropuertos de Alicante, Valencia, Sevilla, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Jerez, Vigo, La Coruña, Melilla, Sabadell y Cuatro Vientos en Madrid.
Esta decisión se adopta en aplicación del Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo -corregido posteriormente por el BOE- y que estaba ya prevista en el Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, convertido después en la Ley 9/2010, de 14 de abril.
Durante su intervención parlamentaria, Blanco dio ayer detalles del nuevo modelo. El proceso de contratación que permitirá que empresas especializadas asuman la gestión en estas torres comenzará en el 2011, aunque es posible que algunos contratos empiecen a tramitarse antes de final de año.
No se trata de una privatización del control del tráfico aeronáutico, ya que Aena seguiría siendo la responsable de la navegación en el espacio aéreo español, pero sí que se externalizaría el control en los aeropuertos con menos tráficoy que no cuentan con un centro de control.
El objetivo del Ministerio de Fomento es conseguir la progresiva liberalización del ordenamiento del tráfico aéreo, logrando que el servicio se ofrezca en un contexto de mayor competencia y eficiencia. Por tanto, también se busca que la competencia entre distintas empresas que ya prestan sus servicios en otros aeropuertos europeos suponga unos costes más reducidos que los actuales para la Administración.
Con esta decisión culminaría buena parte del proceso de liberalización de servicios aeroportuarios en España, y de paso se restaría influencia al colectivo de controladores que ahora depende de Aena.
