Madrid.- La Audiencia Nacional tiene previsto pronunciarse mañana sobre la celebración de la vista oral por el juicio contra diversas empresas concesionarias de los servicios de restauración en distintos aeropuertos, acusadas por el Ministerio Fiscal de presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación documental e insolvencia punible.
Se trata de empresas controladas por los hermanos Morales Fernández y la Familia Eguizábal. Las firmas de restauración en las que se produjo la presunta quiebra fraudulenta -Concesiones de Restauración, Expresa, Las Ramblas Catering e Ihresa- gestionaron entre 1989 y 1995 los servicios de restauración de los aeropuertos de Barajas, El Prat, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga y Jerez. Aena les reclama 9 millones y medio de euros y el Banco Santander otros dos millones y medio. Las actuaciones de los acusados habrían afectado, además, a 585 acreedores, conforme al escrito de la Fiscalía.
Según el informe del Ministerio Fiscal, la actuación de los hermanos Morales estuvo «destinada a extraer ilícitamente bajo muy diversos sistemas… los fondos obtenidos … que debían haber servido para atender sus obligaciones y a sus acreedores y no para lucro personal». En cuanto a los acusados Eguizábal indica que «intervienen en el fraude desde su posición como accionistas a través de Díez Mérito (hoy Federico Paternina)».
El nombre de los hermanos Morales y su implicación en las concesiones de los servicios de restauración en diversos aeropuertos españoles salió a relucir en medio del escándalo del caso Juan Guerra a finales de los años 80 y primeros de la década de los 90 del siglo pasado. En el “Libro Registro de visitas de Juan Guerra” en la Delegación de Gobierno de Andalucía el nombre de Antonio Manuel Morales Fernández o simplemente “Tico Morales” aparece una decena de veces y en varios casos con anotaciones ajenas relativas a diversos aeropuertos españoles. Concretamente, en la página 41 de dicho Libro Registro, editado en 1990 por Ediciones Tiempo S. A., figura el apunte: “Antonio Morales: amigo de Juan Guerra, por quien intercedió en la concesión de la administración de la cafetería del aeropuerto de Barajas”.
Durante la vista de cuestiones previas, celebrada la pasada semana, las defensas de los inculpados alegaron la prescripción de los delitos de los que se les acusan al haber transcurrido cinco años, mientras que la acusación solicitó de la Audiencia Nacional la desestimación de tales alegaciones.
