El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó el pasado viernes el decreto del Gobierno sobre la privatización de la aerolínea TAP reclamando por carta al primer ministro, Antonio Luis Santos da Costa, aclaraciones sobre la intervención del Estado, la venta o adquisición de activos y la transparencia de la operación.
En un comunicado oficial de la Presidencia de la República, Rebelo de Sousa explica que ha decidido devolver al Gobierno el decreto de privatización de la aerolínea solicitando aclaración de esos tres aspectos esenciales: “la capacidad del Estado para controlar e intervenir en una empresa estratégica como TAP; la cuestión de vender o adquirir activos incluso antes de la privatización; y la transparencia de toda la operación”.
A finales del pasado mes de septiembre, como informó este diario, el Consejo de ministros del Gobierno portugués aprobó un Decreto-Ley que marca el inicio del proceso de privatización de TAP, la aerolínea nacional del país luso. Esta medida, que pretende vender al menos el 51% del capital de la empresa, con la posibilidad de reservar hasta el 5% de este capital para los trabajadores de TAP, pretendía aprobar el pliego de condiciones de la privatización antes de finalizar este año, o a principios del próximo.
En su carta del viernes al primer ministro, el presidente de la República señala que “en el caso de la venta de una empresa que tiene un valor estratégico fundamental para el país y teniendo en cuenta la historia de este asunto, incluido el gran monto que los contribuyentes nacionales tuvieron que pagar para salvar a TAP, tras la pandemia de Covid-19, y con la intervención de la propia Asamblea de la República, a través de la comisión parlamentaria de investigación, creo que se debe garantizar la máxima transparencia durante todo el proceso que conducirá a la decisión de vender el control de la empresa”.
“Sin embargo, el contenido del decreto –que es decisivo, porque constituye la única ley que condiciona las decisiones administrativas posteriores– suscitó múltiples dudas y reticencias ante la deseada máxima transparencia del proceso. Fue en este sentido que se solicitaron aclaraciones adicionales al Gobierno. Lamentablemente, las respuestas recibidas no nos permitieron aclarar del todo tres aspectos que considero fundamentales:
- La cuestión de la futura capacidad efectiva de seguimiento e intervención del Estado en una empresa estratégica, como es TAP, ya que, admitiendo la venta de cualquier porcentaje superior al 51%, no se prevé ni permite expresamente en decisiones administrativas posteriores, ningún papel para la Estado.
- La expedición del decreto que admite que TAP puede vender o adquirir, incluso antes de la decisión de venta, cualquier tipo de activo, sin ningún otro mínimo de precisión o criterio, que va mucho más allá de la proyectada integración de Portugália en TAP.
- La cuestión de no garantizar una transparencia total, en una fase de contactos previa a la elaboración del pliego de condiciones, es decir, de las reglas que guiarán la elección de un potencial comprador, dejando al menos claro que estas no serán vinculantes. negociaciones y que estos contactos seguirán siendo registrales, imprescindible para garantizar la prueba de la exención total de los procedimientos, si, en una fase posterior, se plantea la cuestión de la mencionada transparencia del proceso y de la elección del comprador”, explica el presidente Rebelo de Soua en su misiva al primer ministro.
Y concluye el presidente que «estas tres cuestiones específicas pero cruciales pueden aclararse sin demasiada demora, es decir, sin perjuicio de la urgencia del proceso. Por ello, las planteo al día siguiente de las aclaraciones del Gobierno y mucho antes de que finalice el plazo constitucional para su promulgación”.
