Madrid.- Aunque fue cesado por un acto administrativo -y, por ende, de inmediata ejecución-, Martín Carrillo, mientras la Junta General ratificaba su cese, asaltó por la fuerza la sede colegial y se instaló en ella durante tres años con ayuda de guardas jurados y el apoyo de unos pocos incondicionales, que ilegalmente impidieron el acceso a la Junta Directiva que le cesó.
El decano destituido recurrió su cese ante el Tribunal Central de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia; después, ante la Audiencia Nacional, y tras ser rechazado una y otra vez por las distintas instancias jurisdiccionales, recaló finalmente en el TSJM.
Pero todo ese largo trayecto recurrente por la vía judicial no lo hizo a título particular, como correspondía a su cese, sino envuelto en la bandera colegial y revestido -a sabiendas de que no le correspondía- de la representación del COIAE y como decano del mismo, corriendo esa Corporación con los gastos de las onerosas minutas de abogados, costas judiciales y sanciones administrativas.
Martín Carrillo fue elegido decano del COIAE en el verano de 2006 y su actuación al frente de dicha corporación colegial fue denunciada desde el primer momento por sus compañeros de Junta Directiva por supuestas irregularidades que dieron origen a una querella criminal que se sustancia en los Tribunales. Tres meses después, la Junta Directiva por mayoría acordó en octubre “revocar todas sus atribuciones para disponer de fondos y realizar cualquier otro tipo de operaciones bancarias, incluidas transferencias, emisiones de cheques, uso de tarjetas de crédito, etc”. Mes y medio más tarde la Junta Directiva acordó su cese cautelar hasta que al mes siguiente la Junta General del COIAE acordó su destitución definitiva. Acuerdos todos ellos validados ahora por el TSJM que ha desestimado todos sus recursos e impugnaciones.
La presente sentencia del TSJM desnuda al recurrente Martín Carrillo del ropaje colegial en que había envuelto sus particulares recursos con vistas a eludir las innumerables y voluminosas minutas de abogados, asesores y procuradores, así como las elevadas multas de organismos oficiales y el coste cuantioso del cuerpo de guardas jurados las 24 horas del día durante más de tres años, gastos todos que han corrido por cuenta de los demás colegiados. “Si dejó de ser decano el 11 de diciembre de 2006, ¿por qué ha tenido que presentar los recursos durante estos seis años como decano del COIAE y en su nombre y representación?”, se preguntan muchos compañeros de profesión. Y, sin embargo, el COIAE, es decir, todos los colegiados, han estado pagando a la fuerza durante todos estos años los gastos que, a decir de algunos de ellos con las sentencias en la mano, “deberían haber corrido por cuenta del cesado”.
