Una cosa es predicar y otra dar trigo. Aunque muchas veces los deseos tiendan a confundirse con la realidad, en política desgraciadamente casi nunca los hechos guardan correlación con las promesas, sino que se distancian cuando no las contradicen en franca incongruencia. Ya lo dijo Tierno Galván: “las promesas electorales se hacen para no cumplirlas”.
En el caso de este Gobierno y, en concreto, su Ministerio de Fomento, la incoherencia y el ayuno y abstinencia de lógica parecen haberse instalado entre la prédica y la práctica.
Hace casi diez meses, Mariano Rajoy, candidato entonces a presidente del Gobierno, prometía solemnemente en su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados: “Nos proponemos acercar la edad real de jubilación a la edad legal, suprimir las prejubilaciones, salvo circunstancias muy excepcionales, y poner freno a la práctica abusiva que supone hacer de la prestación por desempleo en los últimos años de la vida laboral, un mecanismo de prejubilación encubierta”.
No hace ni dos semanas que el propio presidente del Gobierno español declaraba en Nueva York al diario “The Wall Street Journal” que restringirá las prejubilaciones en un intento de reducir la deuda pública. En su opinión, “la edad de jubilación en España es razonable cuando se cumple realmente, por lo que vamos a trabajar sobre los problemas de la prejubilación”.
Pronto parece haber abandonado el Gobierno sus buenos propósitos. Aena acaba de confirmar que está negociando con los sindicatos un “ERE voluntario” o “extinciones voluntarias de contrato en el marco de un ERE”, que no es otra cosa que lo que Rajoy llamó en su discurso de investidura “mecanismo de prejubilación encubierta”. ¡Qué esfuerzos semánticos, de qué disfraces y juegos malabares de palabras hay que echar mano para ocultar y enmascarar la verdad en vez de llamar a las cosas por su nombre! ¡Qué manía de recurrir los políticos al circunloquio y al eufemismo cuando los hechos se resisten a sus intereses! Llamemos a las cosas por su nombre. La realidad pura y dura es que estamos ante unas 1.500 prejubilaciones de los trabajadores públicos de Aena mayores de 55 años con el 85% del total de su remuneración, incluidos los pluses. ¿A cuántos autónomos y trabajadores por cuenta ajena actualmente en paro con más de 55 años no les hubiera gustado pillar un ERE así?
Técnicamente hablando, la prejubilación es una medida que utilizan algunas empresas para fomentar las bajas de sus empleados mediante el abono de una determinada renta mensual hasta que el trabajador en cuestión alcance una edad determinada que le permita acceder a la pensión de jubilación. Exactamente, lo que ahora pretende Aena con sus empleados mayores de 55 años. No se trata, pues, como dice la gestora aeroportuaria, de un ERE -figura legalmente recogida en nuestro ordenamiento laboral-, sino de un mecanismo alegal por el que un colectivo de trabajadores transita de forma pactada, no traumática, entre la extinción de la relación laboral y el acceso a la jubilación con el beneplácito de la empresa y la connivencia sindical y gubernamental.
Estamos hablando de una empresa pública, de todos los españoles. El Gobierno, su Ministerio de Fomento, que tenían que predicar con el ejemplo y no solo con la palabra, se niegan a dar trigo. O sea, la ley del embudo: lo ancho para mí y lo estrecho para todos los demás. Prohibirán las prejubilaciones en las empresas privadas, pero no en las públicas como Aena. Y, encima, ésta se atreve a decir que el “ERE -o sea, las prejubilaciones- se financiará exclusivamente con recursos propios, por tanto no se utilizará dinero público”. ¿Acaso los recursos propios de una empresa pública no nos pertenecen a todos? ¿O es que se piensa como aquella ministra socialista que dijo: “estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie”?
Y para colmo, se trata de unas prejubilaciones de lujo en una empresa prácticamente en la ruina -“pérdida grande de los bienes de fortuna”, según el Diccionario de la Lengua Española-, con más de 13.000 millones de euros de deuda y que el último ejercicio dio pérdidas por más de 26 millones de euros. Una compañía con semejante deuda es lo más parecido a una empresa en quiebra y estaría pidiendo a voces su rescate. Si apenas consigue amortizar su deuda, ¿cómo puede Aena permitirse el lujo de pagar esas prejubilaciones?
Si ya al inicio de esta legislatura el Ministerio de Fomento, sorprendió y asombró a todos con la paradójica decisión de mantener e incorporar a su equipo ministerial, y especialmente en Aena, a todos aquellos a quienes había criticado por su gestión anterior -recuérdese la alusión de la ministra Ana Pastor al pendrive con información incorrecta e incompleta-, no es de extrañar que el Departamento persista en la incoherencia y contradicción compatibilizando su reciente Plan llamado de “Austeridad” con un ERE de lujo en tiempos de crisis y promueva unas prejubilaciones alegales, perseguidas por el Gobierno, según reiteradamente ha prometido su presidente.
