Bruselas.- El Parlamento Europeo ha pedido a España y a otros diez Estados miembros que revelen toda la información necesaria sobre los aviones sospechosos asociados con la Agencia de Inteligencia norteamericana (CIA) en sus respectivos territorios.
Además de España, Finlandia, Dinamarca, Portugal, Italia, el Reino Unido, Alemania, Irlanda, Grecia, Chipre, Rumanía y Polonia son los países cuya información recaba la Eurocámara.
Ya hace seis años un borrador del informe final de la comisión temporal del Parlamento Europeo elaborado por el eurodiputado socialista italiano Giovani Claudio Fava aseguraba que “los aviones de la CIA usados supuestamente para trasladar a sospechosos de terrorismo tras el 11-S hicieron al menos 68 escalas en aeropuertos españoles”.
El acuerdo aprobado ayer por el pleno de la Eurocámara por 568 votos a favor, 34 en contra y 77 abstenciones concluye que “los países de la Unión Europea deben investigar las acusaciones de participación en el programa de traslados extraordinarios y detenciones secretas de la CIA”.
Los eurodiputados expresan su preocupación por los obstáculos con los que se han topado las investigaciones parlamentarias y judiciales nacionales sobre la participación de algunos Estados miembros en el programa de la CIA y subrayan que «solamente auténticos motivos de seguridad nacional pueden justificar el secreto de Estado”.
Entre los obstáculos citados por el Parlamento Europeo figuran la «falta de transparencia, la clasificación de documentos, el predominio de intereses nacionales y políticos (…) y la inexistencia de técnicas de investigación rigurosas y de cooperación entre las autoridades de investigación en toda la UE».
En el debate celebrado el pasado martes, la ponente, Hélène Flautre (Verdes/ALE, Francia) señaló que «el voto de hoy es una victoria para el Parlamento Europeo, que mantiene su exigencia de verdad ante el rechazo y el olvido. Con este voto, queremos que los fundamentos democráticos de la Unión prevalezcan sobre otras consideraciones nacionales y partisanas». El informe detalla la existencia de un amplio sistema secreto e ilegal que ha llevado a actos de tortura y desapariciones forzadas. El informe se ha elaborado utilizando nuevas pruebas, la mayoría procedentes de las bases de datos aéreas gestionadas por Eurocontrol.
