Teruel.- El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, tras una convocatoria pública llevada a cabo por el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, ha nombrado al ingeniero aeronáutico Alejandro Ibrahim, director de esta infraestructura turolense.
Ibrahim, secretario del Colegio y Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE/AIAE), ha sido seleccionado entre 116 aspirantes de los que sólo 30 cumplían los requisitos exigidos: ser ingeniero o ingeniero técnico aeronáutico, acreditar una experiencia mínima de 3 a 5 años en el sector aeroportuario, tanto en la dirección técnica como en la gestión de aeropuertos. Asimismo, se solicitaba dominio del español y del inglés así como conocimientos de francés y poseer carné de conducir (B1), además de la residencia habitual en la ciudad de Teruel, “lo que entendemos que va a mejorar la implicación de la persona que finalmente sea contratada para este puesto», recalcó el director general de Transportes y Planificación de Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Jesús Díez Grijalvo.
La nueva infraestructura aeroportuaria aragonesa de Teruel se suma a una serie de aeropuertos de iniciativa autonómica con polémicos resultados por escaso tráfico de pasajeros, como el de Lleida-Alguaire, en Cataluña, o los inactivos de Castellón, en la Comunidad valenciana; Corvera, en Murcia; y Ciudad Real, en Castilla-La Mancha.
El consejero aragonés, durante la presentación del director del nuevo aeropuerto aún inactivo, se apresuró a explicar: “Estamos a punto de conseguir las autorizaciones aéreas para el vuelo, empezamos a montar el equipo humano que empieza por el director y que tendrá tres personas en el equipo directo del aeropuerto, a parte de las que va a traer Tarmac que ya tiene 10 personas contratadas”.
En cuanto a la puesta en funcionamiento del aeropuerto, el consejero indicó que intentan «forzar la máquina» para que sea el primero de octubre, pero si no puede ser en esa fecha, «indudablemente» será antes de fin de año o en los primeros días del 2013, cuando espera que la actividad sea «fuerte». Confesó que todavía queda por «desarrollar algún proyecto», como las áreas de estacionamiento, y dar los últimos retoques para «poner en marcha todo», una inversión, según ha recordado, de «40 y tantos millones de euros» que va a dar lugar a «100 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos». De momento, ya ha creado uno.
Fernández de Alarcón señaló que el aeropuerto de Teruel tiene como “primera actividad el mantenimiento y reparación de aviones y la estancia y dormitorio; esto es lo que tenemos contratado con el grupo Tarmac, en el que Airbus España es parte fundamental. El presidente de Airbus España está apostando por este proyecto y esto es muy importante para Aragón porque Aragón siempre ha querido ser base de la industria aeronáutica española”.
Ibrahim, por su parte, destacó que afronta este reto como director del aeropuerto con mucha ilusión y subrayó el futuro prometedor del aeródromo “porque el sector aeronáutico es muy dinámico, actualmente está creciendo bastante. Airbus es una empresa que crece actualmente a buen ritmo, el número de aeronaves a nivel mundial está también aumentando y por el ciclo de vida de estos aviones es necesario hacer el mantenimiento, la reparación e incluso convertirlos en cargueros o desarrollar otro tipo de actividades. Y el aeropuerto de Teruel tiene todas estas posibilidades y un futuro bastante prometedor” agregó.
En cuanto a la posibilidad de realizar otras actividades paralelas a la industrial, como la del tráfico de pasajeros, el director del aeropuerto aseguró que «hay que darle viabilidad económica», por lo que la parte industrial es «la actividad fundamental» en la que se va a trabajar, pero puesto que existe una pista de vuelo, «se puede utilizar para operaciones de otro tipo».
El Consorcio del Aeropuerto de Teruel, integrado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, es uno de los 80 organismos públicos de que dispone la Comunidad aragonesa, que cuenta con 18 empresas públicas, 12 fundaciones, 11 entidades de derecho público, 8 consorcios y 31 organismos autónomos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados, señaló entre sus medidas urgentes a poner en marcha “el redimensionamiento del sector público y del personal a su servicio”. Y anunció “la reestructuración y supresión de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas. El Gobierno va a abrir un proceso de simplificación del sector público empresarial y fundacional del Estado con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades”.
Tres meses después, concretamente, el pasado 16 de marzo, el Consejo de Ministros acordaba la “reestructuración y racionalización en el número de empresas y fundaciones del sector público estatal”. En su explicación a los medios de comunicación tras la reunión del Gabinete, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María indicó: “En el ámbito de la Administración General del Estado, el último inventario del 31 de diciembre de 2011 daba 228 empresas públicas; en el ámbito autonómico la cifra es bastante superior y, en el ámbito local, incluso más. Entre unas cosas y otras, 2.372 empresas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios, con los últimos datos disponibles”. Es decir, 4.000 organismos públicos en total.
Y agregó la vicepresidenta: “Hemos hecho la parte que nos corresponde y que podíamos hacer directamente; pero las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales han accedido a hacer un procedimiento de redimensionamiento similar. Este proceso se planteó en el seno de un Consejo Fiscal y Financiero en el año 2010 y, pese al compromiso de reducir en un entorno del 25%, no se cumplió. Ahora se ha retomado ese cumplimiento, además garantizado por las medidas de ajuste, que, entre otras, va a reforzar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, para que se reexamine por qué se ha incumplido y cómo debe ajustarse. Y, desde luego, esos grupos de trabajo que dependen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está impulsando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, van a organizar ese proceso de simplificación por parte de las Comunidades Autónomas, entre otras cuestiones, porque viene ligada también al cumplimiento de esos planes de ajuste, de los que dependen también cuestiones importantes en materia de déficit y de deuda pública”.
