Madrid.- El pasado 10 de agosto, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publicó los ceses, dimisiones, revocaciones, nombramientos y modificaciones estatutarias de la empresa Centros Logísticos Aeroportuarios, S. A. (CLASA), como consecuencia del proyecto de fusión por absorción de ésta por parte de Aena Aeropuertos, S. A., suscrito el pasado 27 de junio.
Cesaron así como consejeros de CLASA Miguel ángel Oleaga Zufiría, Miguel ángel ávila Suárez, Emilio Sidera Leal, Luis Rodriguez Gil, José Manuel Vargas Gómez -que cesa también como presidente-, Pedro De Miguel Orden, Antonio San José Pérez, Enrique Roda López-Otazu y su vicepresidente Francisco Javier Marín San Andrés. Se revoca, asimismo, el poder de José Jorge Del Castillo Pérez.
Han sido nombrados presidente Francisco Javier Marín San Andrés y vicepresidente José Manuel Fernández Bosch. Como miembros del comité de auditoría y control figura, además de Marín San Andrés y Fernández Bosch, Jesús Fernández Rodríguez y como secretario, Diego Pérez Martínez. Fernández Bosch es también consejero delegado y como apoderado, Miguel ángel Cazorla Moreno.
Dichos ceses y nombramientos son consecuencia del Proyecto de fusión por absorción de CLASA por parte de Aena Aeropuertos suscrito el pasado 27 de junio por el Consejo de administración de la entidad absorbente.
El resultado del pasado ejercicio de CLASA fue de 6.023.948 euros. Su director percibió 116.386 euros y los miembros de su Consejo de Administración, 84.465.
A 31 de diciembre de 2011, el total de la plantilla ascendía a 36 personas: un director, 21 directivos y titulados y 14 personas de apoyo.
Aena Aeropuertos se subroga en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la empresa absorbida vinculados a las unidades económicas constituidas por el patrimonio objeto de la fusión, según el proyecto suscrito en junio pasado.
Cualquier tipo de medida laboral que fuera necesario adoptar como consecuencia del plan de redimensionamiento posterior a la fusión se realizará conforme a los procedimientos y criterios establecidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de marzo y, en todo caso, “con estricto respeto de los derechos de información y consulta de los representantes legales de los trabajadores”, añade el proyecto de fusión.
