Madrid.- El sobrecoste en la compra de 4 aviones de transporte militar C295M hace tres años por la República Checa a EADS/CASA amenaza al Gobierno checo, tras las acusaciones de corrupción formuladas por la Unidad contra la Corrupción y el Crimen Económico (úOKFK) de ese país.
El Parlamento de Praga decidirá este mes si levanta la inmunidad a su actual vicepresidenta, Vlasta Parkanová, dirigente de TOP 09, uno de los tres partidos que forman el Gobierno de coalición de centro-derecha,y que fuera ministra de Defensa cuando se llevó a cabo la compra en 2009, según indicó ayer el diario madrileño “El País”.
La acusación sostiene que Parkanová no pidió informes de los expertos y aceptó un sobreprecio de 25 millones de euros. La exministra se defiende asegurando que no tenía obligación de consultar a nadie y que el supuesto sobrecoste, basado en un estudio de la firma estadounidense American Appraisal, carece de base, según refiere el rotativo madrileño.
La polémica alrededor de la compra de esos 4 aviones C295M es antigua y la lista de despropósitos interminable. Primero, muchos expertos denunciaron que los aparatos no eran lo que las Fuerzas Armadas checas necesitaban antes de que se cerrara la compra en 2009. Después se demostró que el Estado había pagado a la empresa responsable de la adquisición, Omnipol, una suma desorbitada y que ésta no había realizado un concurso público a nivel europeo, como exige una directiva de la UE. En total fueron 134 millones de euros y cinco cazas de fabricación checa L-159 lo que pagó Chequia, el doble que otros Estados que adquirieron esos mismos aparatos.
Las sospechas de corrupción llevaron a la UE a abrir una investigación contra la gestión checa de esa compra. Pero, además, cuando las aeronaves llegaron al país, se comprobó que estaban en un estado que las hacía inservibles para realizar la misión para la que habían sido compradas. Los fallos técnicos graves, según publicó la prensa local, eran dos. Por un lado el software con el que están equipados los aviones, estaba anticuado y daba problemas de funcionamiento, como por ejemplo, hacer perder decenas de metros de altura al aparato en pleno vuelo. Por otra parte, el sistema de defensa pasiva no funcionaba. Este dispositivo debería disparar automáticamente contra posibles amenazas. Sin él, los aparatos no pueden funcionar en una zona de guerra.
Durante algún tiempo, la república Checa estuvo percibiendo unos 2.000 euros diarios por parte de Omnipol como sanción por no poder usar los aviones militares, según relató hace tiempo Radio Praga.
En noviembre de 2010, el entonces ministro de Defensa, Alexander Vondra, anunció el cese de su viceministro Jan Fulík. Los medios informativos vieron clara la relación de esa destitución con la denuncia de la UE a la República Checa por la fraudulenta adquisición de los aviones de transporte militar C295M.
Fulík fue parte decisiva de las negociaciones en dos casos que desde su inicio levantaron gran polémica. En ambos, Chequia terminó pagando unos precios muy por encima de lo normal. Uno fue la compra de 90 vehículos armados ligeros Iveco, en los que se desembolsó una cantidad récord que superaba los 1,6 millones de euros por unidad, en una operación realizada conjuntamente con Eslovaquia. El otro, la adquisición de los aviones de transporte militar de fabricación española C295M, por los que los checos pagaron el doble, siempre según los medios informativos de aquel país.
La Comisión Europea ha llevado el caso al Tribunal de Justicia europeo en Luxemburgo y el país podría tener que hacer frente a una importante multa. Las razones: haber adjudicado la licitación sin un concurso público a nivel europeo, como procede en estos casos, y además haber pagado un precio muy superior al de otras posibles ofertas.
