Madrid.- El futuro proyecto de Ley de Transparencia informado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el último Consejo de Ministros, incluirá también a los colegios profesionales, como corporaciones de derecho público, tal y como anunció la propia vicepresidenta el pasado viernes al término de la reunión del gabinete.
El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno regula tres aspectos:
– La Transparencia, que se concibe como una obligación de las Administraciones Públicas. A estos efectos se incrementan y refuerzan las obligaciones de publicidad activa ya contenidas en algunas leyes sectoriales y se incorporan otras nuevas.
– El Derecho de Acceso a la Información Pública, que se regula con un amplio ámbito subjetivo y objetivo, reforzando las garantías actuales de este derecho y aclarando su aplicación práctica.
– El Buen Gobierno, en cuyo ámbito se recogen toda una serie de obligaciones que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
La vicepresidenta del Gobierno ha señalado que durante el texto sometido durante 15 días a exposición de los ciudadanos en la web del Ministerio, recibió 78.000 visitas. Los particulares, administraciones y organizaciones no gubernamentales han enviado casi 3.700 aportaciones «de muy diversa índole y muy diferente calado». «Se han ido extrayendo algunas que podían incorporarse porque respondían a la filosofía de esta ley, en la que vamos a procurar que lo que se incluya, se cumpla. Sería fácil incluir cuestiones que queden en papel mojado», ha aclarado Sáenz de Santamaría.
Entre las las aportaciones de la consulta pública, Sáenz de Santamaría afirmó que «se ha aceptado la sugerencia de incluir en esta ley a los colegios profesionales como corporaciones de derecho público».
Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia. La vicepresidenta ha concretado que «es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los Ministerios y entidades incluirán su información» para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a «un único órgano que se encargará de redistribuirla».
