Madrid.- Aena, en su afán por potenciar el área comercial, ha emprendido una campaña en defensa de las compras en los comercios de los aeropuertos y recuerda que la Ley obliga a “todas las compañías aéreas sin excepción” a transportar gratis las bolsas adquiridas en los “duty-free”.
Desde hace unas semanas, Aena ha instalado en aeropuertos españoles carteles para avisar a los viajeros de que la normativa permite embarcar con bolsas o paquetes de productos adquiridos en las tiendas de las terminales, quepan o no en el equipaje de mano, sin que ello suponga un sobrecoste.
La misma advertencia ha sido reiterada a través de notas de prensa en las que, además de reproducir el artículo 97 de la ley de Navegación Aérea, en la redacción dada al mismo por la Ley 1/2011, de 4 de marzo, que prevé que “el transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente del número de bultos, y volumen que fijen los Reglamentos”, acaba instando a los pasajeros a que denuncien a las compañías que no cumplen dicho precepto legal.
Y así, “Aena Aeropuertos recomienda a los pasajeros que vean limitado su derecho a embarcar llevando consigo los productos adquiridos en las tiendas de los aeropuertos y debidamente embalados que formulen la correspondiente denuncia en la que reafirmen la indebida denegación del embarque de bultos. La inspección del cumplimiento de la obligación de las compañías aéreas de transportar de forma gratuita en cabina compete a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) (AESA)”, según expresa en su nota la gestora aeroportuaria española.
Esta iniciativa del gestor aeroportuario español, vivamente aplaudida la pasada semana por el Parlamento Europeo, ha causado sorpresa y perplejidad entre los viajeros. “¿Por qué -se preguntan- Aena que, al parecer, tiene conocimiento de que hay compañías aéreas que no cumplen la Ley, recomienda a los pasajeros que lo denuncien y no lo hace la empresa pública directamente, que está obligada por la Ley, por lo que incurre también en incumplimiento legal?”
Efectivamente, así lo establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, están obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además, en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo”.
Y algunos viajeros también se plantean por qué ahora esta urgencia y no hace tiempo, cuando entró en vigor la Ley en cuya defensa sale ahora Aena y se supo que algunas compañías aéreas la incumplían. La razón, según ciertos expertos consultados por este diario, podría estar en la necesidad de potenciar las ventas en los establecimientos de los aeropuertos y por los que la empresa gestora aeroportuaria cobra el correspondiente canon.
Hace ahora un mes, como informó este diario, directivos de Aena se reunieron con representantes sindicales para darles cuenta de la crítica situación económica de la empresa pública con una deuda de casi 15.000 millones de euros y un cada vez más menguante tráfico de pasajeros. Para equilibrar la situación, los gestores de Aena expusieron que su objetivo era aumentar los ingresos y disminuir los gastos.
Para conseguir lo primero enunciaron estas actuaciones: aumentar las tasas, incrementar el área comercial y adecuar los aeropuertos deficitarios. El incremento de las tasas ya está en los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, actualmente en trámite parlamentario. La adecuación de los aeropuertos deficitarios está en estudio por la propia Aena, según ha anunciado recientemente el subsecretario de Fomento. Y para potenciar el incremento del área comercial, bien podría ser una de las actuaciones emprendidas la actual campaña contra ciertas compañías “low cost” en defensa de las compras “duty-free” en las tiendas de los aeropuertos, tal y como sospechan algunos expertos en la materia.
