Dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero para ello hace falta elegir una acertada estrategia, disponer de armas adecuadas y determinar claramente los objetivos.
Para la defensa y el ataque el hombre inventó las armas. La Constitución española en su artículo 149.26, declara que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la posesión y uso de armas. Evidentemente, se refiere a las armas de fuego y a los explosivos. Pero el Diccionario de la Lengua Española es mucho más amplio cuando define el arma como “instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse”.
La huelga es un instrumento, un arma de defensa laboral y profesional. Así lo reconoce nuestra Constitución en su artículo 28,2: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. Pero como no hay mejor defesa que un buen ataque, casi siempre una huelga se hace a favor de algo y en contra de alguien. En la práctica ese medio de defensa de un derecho se convierte indefectiblemente en una herramienta de agresión a los derechos de otros -y también contra terceros- lo que de forma inevitable desemboca en el enfrentamiento. Y en toda confrontación, además de víctimas por ambos lados, suelen producirse daños colaterales.
El uso de armas, competencia exclusiva del Estado, como acabamos de ver, está regulado por ley y reservado y encomendado a determinados grupos especializados, como son los Cuerpos y Fuerzas Seguridad. La huelga, en cambio, como instrumento de defensa, es un arma legítima y constitucional de los trabajadores, eso sí, pero cuyo uso, como medio de ataque que también es, aún no está suficientemente regulado. De ahí que nos encontremos desde hace meses en el sector aéreo con una huelga de pilotos de la compañía Iberia con resultados gravosos para todos, especialmente para la aerolínea y sus profesionales, pero también y en gran medida, sin duda, para los ciudadanos y para España.
En defensa de sus legítimos y constitucionalmente reconocidos derechos laborales, los profesionales del sindicato Sepla en Iberia han elegido su objetivo, su arma, sus alianzas y estrategias. Probablemente hayan sopesado otras alternativas, seguramente han evaluado los posibles resultados que las acciones emprendidas ocasionarían y han calculado los eventuales daños colaterales de las mismas. Pero todo parece dar a entender que les falla un elemento fundamental, como es la comunicación. La opinión pública no capta la justedad de su causa. Tras cinco meses de iniciadas sus movilizaciones -algunas de ellas secundadas en un momento también por otros colectivos numerosos de la compañía-, la semana pasada el presidente del sindicato de pilotos en Iberia, Justo Peral, se ha visto obligado a lanzarse en un auténtico raid por emisoras de radio y televisión, haciendo declaraciones, concediendo entrevistas y convocando ruedas de prensa para tratar de explicar a los ciudadanos lo que, al parecer, éstos encuentran difícilmente explicable. Por eso no han tenido más remedio que, en medio de la confrontación, modificar su estrategia, al menos, en lo que a comunicación se refiere.
En España y en todo el mundo ha habido en los últimos años muchas fusiones y absorciones de empresas de todo tipo. Evidentemente, con vistas a hacerse más fuertes, más grandes y poderosas, a ganar en economías de escala, ampliar los mercados y obtener mayores resultados económicos con menos recursos y mejor explotados. La Constitución española en su artículo 38 reconoce “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” y obliga a “los poderes públicos a garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general“. La compañía aérea Iberia, como empresa privada que es y en uso de su libertad constitucionalmente reconocida, se encuentra desde hace tiempo en un avanzado proceso de fusión con la británica British Airways y son sólo sus accionistas los que aprueban y piden responsabilidades a los gestores por su actuación.
Probablemente, sus empleados, los pilotos, como observadores privilegiados de la compañía, tengan razón en muchas de las cosas que dicen y defienden. Pero, desde luego, no pueden imponer su criterio ni torcer el brazo de las decisiones empresariales. Por supuesto, todo nuestro respeto y solidaridad en la defensa de su sagrado derecho del puesto de trabajo y sus condicionales laborales y salariales. Pero algunos de los argumentos oídos y esgrimidos parecen auténticos sofismas difíciles de entender, cuando no resultan abiertamente contradictorios.
Tendrán otros argumentos más convincentes y otros objetivos perfectamente explicables que los ciudadanos aún no hemos percibido. Pero, es obvio que si lo que pretenden los pilotos de Iberia en huelga es salvar los valores patrios, la economía española en un trance manifiestamente mejorable, potenciar el transporte aéreo y el turismo en nuestro país y, sobre todo, promocionar y desarrollar la empresa que les da trabajo podrían haber elegido otras armas y estrategias; porque tal vez pueden estar errando el tiro y metiendo goles en propia meta.
