Madrid.- El nuevo presidente de Aena, José Manuel Vargas Gómez, verá recortado su salario base hasta un 35% y limitado el número de los miembros de su Consejo de Administración, de aprobarse el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.
No obstante, sobre esa retribución básica habrá un complemento de puesto y, si así se dicta-minase, un complemento variable ligado al cumplimiento de los objetivos de la entidad, según explicó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Conse-jo de Ministros del pasado viernes.
En esa reunión, el Gabinete aprobó un Acuerdo por el que se solicita un dictamen de urgencia del Consejo de Estado sobre el mencionado proyecto de Real Decreto que limitará la retribución básica máxima de los directivos de las empresas públicas, lo que implicará un recorte de entre el 25 y el 35% en sus retribuciones.
El anterior presidente de Aena, Juan Lema, en uno de los encuentros digitales mantenidos con sus empleados, a la pregunta de uno de ellos que se interesaba por su remuneración, respondió: “En cuanto al total de mis ingresos como directivo de Aena, está bastante por debajo de los 200.000 euros, que es la retribución media del colectivo de controladores en 2010”.
Según la Memoria Anual de Aena correspondiente al año 2010, última publicada, las retribuciones anuales percibidas ese año por la Alta Dirección fueron en total 1.916.000 euros. La Alta Dirección, a decir de dicha Memoria, estaba constituida por 14 hombres y 4 mujeres, que supuestamente vienen a corresponder con los integrantes ese año del Comité de Dirección de la entidad pública, formado por su presidente, los directores de Aeropuertos Españoles, de Navegación Aérea, de Administración y Finanzas, de Auditoría y Control, de Comunicación, de Contratación, del Gabinete de Presidencia, de Infraestructuras, de Medio Ambiente, de Organización y RR HH, de Planificación y Control de Gestión, de Planificación de Infraestructuras y de la Secretaría General Técnica. En esos casi 2 millones de euros iban comprendidos 1.835.000 euros de sueldos, 41.000 de dietas, 15.000 de planes de pensiones y 21.000 de primas de seguros, así como 4.000 de otros conceptos.
Según explicó el viernes la vicepresidenta del Gobierno, el proyecto de Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros se basa en tres principios:
-La transparencia, ya que los ciudadanos podrán conocer las retribuciones de los directivos del sector.
-La homologación en los criterios de retribución en todo el sector público empresarial te-niendo en cuenta el tipo de entidad, volumen de negocio, actividad, número de trabajadores y funciones.
-La fijación de límites a las retribuciones. Estos, según la vicepresidenta, «son sensiblemen-te inferiores a los que se manejan en el sector privado para empresas de la misma entidad», pero el Gobierno entiende que son lo suficientemente razonables en época de austeridad.
Las retribuciones salariales a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección se clasifica-rán en básicas y complementarias. La primera incluirá la retribución mínima obligatoria que fijará el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en función del grupo en que se sitúe la entidad.
A la hora de determinar las retribuciones salariales, las entidades públicas se clasificarán en tres grupos atendiendo a criterios como el volumen o cifra de negocio, el número de trabajadores de la sociedad, la necesidad o no de financiación pública, el volumen de inversión o las características propias del sector en el que desarrolla su actividad. La retribución básica no podrá exceder, en cómputo anual, de los 105.000 euros para los directivos de aquellas entidades comprendidas en el grupo 1; los 80.000 euros para las del grupo 2 y los 55.000 euros para la del grupo 3.
A esta cantidad básica se le sumará un complemento de puesto y, si así se dictaminase, un complemento variable, que en ambos casos será también fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El primero de estos complementos retribuirá las características específicas de las funciones desarrolladas. Se tendrá en cuenta la competitividad externa, el nivel de responsabilidad o el peso relativo del puesto dentro de la organización.
El complemento variable incentivará las buenas prácticas de gestión empresarial y se determi-nará en función de la consecución de unos objetivos previamente establecidos por el sector público. Tanto el complemento de puesto como el variable no podrán superar el porcentaje máximo fijado para el grupo en el que se clasifique la entidad.
La retribución final fijada incluirá todo tipo de retribuciones, incluidas las que se perciban en especie. Las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos se publicarán anualmente en la Memoria de actividades de la entidad.
El objetivo del proyectado Real Decreto es conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público. Así, se determina que la estructura organizativa de las entidades que constituyan el grupo 1 no podrá exceder los quince miembros, los doce para las del grupo 2 y nueve miembros para aquellas entidades que se integren en el grupo 3. Con la nueva estructura organizativa se estima que se reducirá en un centenar el número de consejeros de las empresas del sector público.
En el mismo encuentro digital entre Juan Lema y los empleados de Aena antes mencionado, a una pregunta de uno de éstos sobre las percepciones de los miembros del Consejo de Admi-nistración de la empresa pública, su presidente respondió: “En 2009, las retribuciones de los 30 miembros que formaron parte del Consejo de Administración sumaron, en total, los 485.000 euros. Esos datos son públicos y figuran en la memoria anual de Aena, que está disponible en nuestra página web”.
Según figura en la memoria de Aena correspondiente al año 2010, su Consejo de Administración, además de por su presidente, estaba integrado por otros 18 vocales, si bien es cierto que, en el transcurso del año media docena de ellos fueron cesando en sus cargos. El total de lo percibido en concepto de dietas -se supone que por asistencia una vez al mes, excepto en agosto, a las reuniones del Consejo- fue de 214.000 euros.