Sevilla.- El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha exigido a la Junta de Andalucía que aclare cómo no detectó el «fraude» de 31 «intrusos» en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla
Dicho ERE fue «avalado» por el Gobierno andaluz, aunque, según apuntó Sanz, «finalmente no se llegó a aprobar tras la paralización por parte de la Inspección de Trabajo en diciembre, a raíz de una denuncia formulada por el sindicato USO».
Sanz insistió en que tiene que haber una investigación ante unos hechos que calificó «de suma gravedad», al mismo tiempo que aseguró que «no ha sido la Junta la que ha destapado este fraude sino que lo ha avado, lo que supone que no tenía ningún tipo de control para detectar a estos 31 intrusos o que existía connivencia de los dirigentes de la Consejería de Empleo para que se hiciera así».
En este sentido, se preguntó que «cómo puede ser que la Junta autorizara este ERE y avalara la incorporación de 31 empleados que habían causado baja con anterioridad en la empresa».
«Lo que está claro es que por acción u omisión, la Junta cada vez es más responsable, partícipe, conocedora y avalista de un procedimiento fraudulento de incorporación de personas ajenas a la actividad profesional de esta empresa», añadió, a la vez que destacó que una de las personas incluidas en este ERE es el segundo teniente de alcalde del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra y secretario de Organización del PSOE de Alcalá, Francisco García, de quien indicó que «había estado sin realizar actividad en esta empresa, incorporándose a la misma dos meses antes de la realización del ERE».
«El PSOE demuestra no tener escrúpulos para permitir que se haga negocio con el dinero de los parados. Ya no estamos hablando de una persona que se cuela, sino de 31», puntualizó.
