Madrid.- La Audiencia Nacional se ha declarado incompetente para tratar la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción contra los controladores aéreos que realizaron un paro salvaje el 3 de diciembre, al igual que la formulada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por lo que ha decidido trasladarlas a la Fiscalía de Madrid, que ya tramita diligencias de investigación.
Ante esto, FACUA presentará una nueva denuncia penal en el juzgado sobre el que recaiga el caso. La asociación considera los hechos que tuvieron lugar en el puente de la Constitución pudieran ser constitutivos de cuatro delitos tipificados en el Código Penal: sedición, abandono de destino, coacciones contra los intereses turísticos de los españoles y de los pasajeros que no pudieron realizar libremente sus desplazamientos y falsedad documental por parte de profesionales médicos que firmaron las bajas de los controladores.
El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha notificado a FACUA que «no ha lugar a la administración a trámite de las denuncias formuladas», alegando «falta de competencia». Por ello, «archiva las diligencias previas con remisión de testimonio de las mismas a la Fiscalía Provincial de Madrid que tramita diligencias de investigación en relación a los hechos acaecidos el pasado día 3 del mes en curso dirigidas a conocer las circunstancias en las que se produjo el abandono masivo del puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos así como la identidad de quienes procedieron en tal sentido».
La resolución del magistrado del Juzgado Central de Instrución número 2, Ismael Moreno, señala que los hechos denunciados y la tipificación penal que formulan los denunciantes no pueden ser objeto de tipificación «en alguno de los supuestos delictivos comprendidos en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poeder Judicial, determinante de la competencia de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional».
Además de la denuncia penal contra los controladores, FACUA prevé otra actuación judicial para reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a los usuarios que represente.
Las víctimas de las cancelaciones aéreas que deseen recibir asesoramiento sobre sus derechos y las actuaciones que FACUA está emprendiendo, pueden sumarse a su plataforma de afectados, a la que se han unido ya más de 6.000 personas.
