Madrid.- Al menos, un vuelo secreto de la CIA hizo escala de forma irregular en España transportando a un ciudadano alemán de origen sirio por tripulantes con identidad falsa sin que constara autorización de las autoridades españolas, según un informe hecho público el pasado martes por la Fiscalía General del Estado, a propósito de las filtraciones de Wikileaks.
La Fiscalía asegura que no ha hallado en los vuelos secretos de la CIA indicios de que “en nuestro país se practicaran detenciones o torturas por parte de agentes extranjeros a personas sospechosas de participar en actividades terroristas, ni que se utilizaran sus bases para el traslado de detenidos”.
No obstante, el informe reconoce que «aparece indiciariamente acreditado que la tripulación de un vuelo de la CIA hizo escala en Palma de Mallorca (…)», en el que se transportó a un ciudadano alemán de origen sirio «quien declaró en este procedimiento relatando las torturas a las que fue sometido, existiendo un procedimiento en Alemania por estos hechos, habiéndose cooperado con las autoridades alemanas en el marco de una Comisión rogatoria Internacional a las que se les suministró la información obrante en España».
Se deduce también de lo actuado que «la identidad real de los tripulantes fue enmascarada con documentación efectuada “ad hoc”, aunque «no consta que tuvieran ningún tipo de autorización por parte de las autoridades españolas para operar en territorio nacional con identidad supuesta y en el ejercicio de misiones oficiales». Por ello el Fiscal, «dado que los hechos serían constitutivos de un delito de falsificación y uso de documento oficial falso en España», interesó que se librara comisión rogatoria al Reino Unido con el fin de practicar las diligencias necesarias para determinar la verdadera identidad de los tripulantes, y que una vez acreditada ésta «se libre Orden Internacional de Detención contra los mismos por el delito de falsificación de documento oficial, debiéndose señalar que las autoridades alemanas han librado Orden de detención contra los mismos por el secuestro del ciudadano alemán anteriormente citado».
El informe concluye: “Todo ello permite comprender sin duda el revelador énfasis con que el Ilmo. Sr. Fiscal interviniente en el procedimiento, mediante informe elevado a esta Fiscalía General del Estado, sostiene que ‘ninguna recomendación, insinuación o directriz llegó a la Fiscalía directa o indirectamente de las autoridades del Gobierno de España sobre el nivel de información que debía darse, no habiéndose producido presión alguna a los integrantes de la Fiscalía por Autoridad española o extranjera alguna’”.
Hace unas semanas el diario madrileño “El País”, que había recogido las filtraciones de Wikileaks, apuntaba: “los contactos entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el responsable del ministerio público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González Mota, con diplomáticos de EE UU, revelada por los cables diplomáticos facilitados por Wikileaks, ha causado una honda impresión en el mundo judicial. La ALA ha pedido la dimisión de los dos primeros y que Mota sea apartado del caso de los vuelos de la CIA. Hasta sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hicieron público un comunicado en el que reclaman a Conde-Pumpido «las más detalladas explicaciones» sobre esos contactos «para disipar cualquier atisbo de duda». Para la UPF, la fiscalía debe guiarse «exclusivamente por la legalidad y el derecho, y no por intereses, razones o influjos de una supuesta razón de Estado».
