Madrid.- El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha presentado en el Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid la denuncia contra 175 controladores aéreos por un presunto delito de sedición al abandonar sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de este mes.
El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren «inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores», y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En el caso de que los imputados no sean los instigadores, «se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años», según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.
Con la demanda presentada se pretende que el juez al que por reparto corresponda tome declaración como imputados a cuantos se negaron a declarar ante el fiscal en el marco de unas diligencias penales, según indicó Esteban Rincón, quien anunció que «intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias».
Los controladores que fueron llamados a declarar no quisieron prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma.
Con la investigación judicial se pretende conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar.
