Madrid.- El Gobierno español de Rodríguez Zapatero no puso reparos al tránsito clandestino por aeropuertos españoles de supuestos terroristas, según las revelaciones de la web Wikileaks, que ayer publicó el diario madrileño “El País”.
Zapatero y la embajada de EE UU en Madrid “coincidieron en un objetivo común: minimizar su impacto en la opinión pública y evitar que la investigación judicial que se abrió en España complicase las ya delicadas relaciones entre el inquilino de la Moncloa y el de la Casa Blanca, que entonces todavía era George W. Bush. Así se deduce de los cables confidenciales enviados a Washington por la representación diplomática estadounidense en España entre 2006 y 2008”.
Expertos penalistas consultados por el diario madrileño creen que la fiscalía española vulneró la ley en sus tratos con EE UU. Los contactos entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el responsable del ministerio público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González Mota, con diplomáticos de EE UU, revelada por los cables diplomáticos facilitados por Wikileaks a “El País”, ha causado una honda impresión en el mundo judicial. La ALA ha pedido la dimisión de los dos primeros y que Mota sea apartado del caso de los vuelos de la CIA. Hasta sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hicieron público un comunicado en el que reclaman a Conde-Pumpido «las más detalladas explicaciones» sobre esos contactos «para disipar cualquier atisbo de duda». Para la UPF, la fiscalía debe guiarse «exclusivamente por la legalidad y el derecho, y no por intereses, razones o influjos de una supuesta razón de Estado»
El 8 de junio de 2006, solo 24 horas después de que el Consejo de Europa difundiera un demoledor informe en el que acusaba de complicidad en prácticas contrarias a los derechos humanos a una docena de gobiernos europeos, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con el embajador en España, Eduardo Aguirre. De la Vega añadió, según la Embajada de EE UU, que el Gobierno estaba preparado para afrontar el escándalo «pero querría estar seguro de que tenía toda la información disponible para evitar ser pillado desprevenido”.
En el informe del Consejo de Europa se acusaba a España de «permitir o dejar de investigar» el uso del aeropuerto de Palma de Mallorca como centro de tránsito de detenidos ilegales. «De la Vega subrayó», prosigue el cable confidencial, «que España no tiene reparos a los vuelos de inteligencia de la CIA y otras agencias a través del territorio español; ellos simplemente quieren ser informados y, si fuera necesario, poder demostrar que ejercían una vigilancia apropiada sobre los aviones extranjeros que atraviesan España».
La conversación con Fernández de la Vega no fue la primera que mantuvieron las autoridades españolas con las estadounidenses a propósito de los vuelos de la CIA. En la reunión con la vicepresidenta, el embajador Aguirre relató que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ángel Moratinos, le había avisado «recientemente» de que la Audiencia Nacional había admitido a trámite la demanda de un grupo de abogados de Mallorca. «Moratinos indicó que el Gobierno español quería dar a este asunto el perfil más bajo posible, aunque, al estar en manos de los jueces, el Gobierno tenía una limitada capacidad de influencia», se lee en el mismo documento.
«De la Vega dijo que estaba al tanto de la comunicación de Moratinos y se mostró convencida de que el Gobierno de Zapatero tendría pocas dificultades en manejar este asunto», apostilla.
La decisión de poner sordina al proceso judicial por los vuelos de la CIA contaría, según la versión de la embajada de Estados Unidos en Madrid, con la colaboración del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, a quien los estadounidenses presumen de conocer bien, dada su condición de enlace principal con el grupo de trabajo bilateral de expertos en contraterrorismo. «Nosotros lo consideramos un comprometido y servicial colega y pronosticamos que será sensible a la preferencia del Gobierno español de que este caso no prospere», escribe el 28 de diciembre de 2006 el consejero político de EE UU en Madrid, Hugo Llorens. Advierte, no obstante, que, como pudo comprobar en casos anteriores, los jueces españoles defienden su independencia con ferocidad y, «si el juez Moreno llegara a determinar que hay evidencias suficientes de delito y que sus autores pueden ser identificados, llevaría el caso a juicio».
El hecho de que el principal partido de la oposición, el PP, sintonizara con la Administración Bush no suponía, en su opinión, ninguna garantía. «Pese a su orientación general proamericana, nuestra experiencia sugiere que el PP no dudará en capitalizar cualquier indicación de que el Gobierno Zapatero toleró o deliberadamente ignoró acciones de EE UU que pudieran ser interpretadas como posibles violaciones de los derechos humanos, incluso si estas revelaciones tienen consecuencias negativas para el Gobierno de EE UU».
La investigación de los vuelos de la CIA, que languidecía en la Audiencia Nacional, había resurgido con fuerza en la prensa en diciembre de 2006, cuando al uso de aeropuertos civiles por jets fletados por la agencia de espionaje se sumó la denuncia de que avones de la Fuerza Aérea de EE UU hicieron escala en las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) transportando prisioneros al penal ilegal levantado por la Administración Bush en Guantánamo.
El 7 de marzo de 2007, durante un almuerzo con el embajador Eduardo Aguirre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentó tranquilizarle explicándole que «aunque los jueces españoles son rabiosamente celosos de su independencia y harán lo que consideren adecuado», él había dado instrucciones a sus colaboradores «para que evitasen comentarios de inflamada retórica, en un intento por rebajar la temperatura» de este caso.
El 13 de febrero de 2007, el número dos de la Embajada, Hugo Llorens, se reunió con el secretario de Estado de Defensa español, Francisco Pardo, para asegurarle que «los vuelos militares que pasaron por España en ruta hacia Guantánamo no violaron ninguna ley española, que se trataba de vuelos rutinarios y que EE UU siempre siguió los procedimientos prescritos por el convenio bilateral de defensa». Pardo contestó que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, había sido «proactivo explicando a la prensa que ninguna ley española había sido violada, para atajar posteriores especulaciones». El asunto era muy delicado porque el convenio bilateral prohibía expresamente el tránsito por territorio español de material o pasajeros que pudieran ser «controvertidos» para España y porque el Ministerio de Defensa renunció a inspeccionar los aviones militares de EE UU que hacen escala en las bases. Pero los vuelos eran cualquier cosa menos rutinarios.
La mayor preocupación de la embajada norteamericana en Madrid era cómo abordar este asunto con la prensa española. «En general, mientras menos digamos, mejor. El Departamento de Estado nos ha advertido en el pasado que prefiere que no digamos nada en absoluto, por temor a remover el asunto. Naturalmente, no contestamos preguntas sobre actividades de las agencias de inteligencia, así que en cualquier conversación corremos el riesgo de aparecer menos que transparentes y eso parece confirmar las peores insinuaciones de los medios de comunicación. Cuando abordemos públicamente el tema, nuestro mantra es que no hemos violado las leyes españolas ni el convenio bilateral».
La embajada norteamericana nunca facilitó al Gobierno español la información relevante que Aguirre prometió a Fernández de la Vega en junio de 2006; una información que, por otra parte, nunca fue formalmente requerida por las autoridades españolas. Su táctica fue confiar en que el proceso judicial llegara a un punto muerto y la opinión pública se cansara del caso. «Descartada una declaración categórica del Gobierno de EE UU de que no pasaron detenidos por España, lo que podría ser indeseable desde el punto de vista político incluso si fuera cierto, solo el tiempo hará que este asunto se olvide».