Todo parece indicar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está decidido a acabar con los colegios profesionales y, al grito de “abajo con ellos”, se dispone a eliminar o retorcer el artículo 36 de la Constitución Española sin romperla ni mancharla.
Con la coartada o pretexto de la Directiva comunitaria de servicios, el Ejecutivo ha emprendido en los dos últimos años una carrera legislativa desenfrenada que más que “regular las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas”, velando y procurando “que la estructura interna y el funcionamiento de los colegios sean democráticos”, como establece nuestra Carta Magna, se ha empeñado en vaciarlos, estrangularlos, reducirlos, desnaturalizarlos y abolirlos.
No hará falta, pues, un referéndum para cambiar la Constitución y suprimir el artículo dedicado a los colegios profesionales. Bastan unas pocas leyes -ni siquiera “orgánicas” en su rango- para que la inmensa mayoría de los colegios profesionales actuales se disuelvan “por sí solos”, es decir, por asfixia y superfluidad.
A golpe de leyes e invocando la libertad de competencia, el Gobierno ha suprimido ya los visados obligatorios, principal fuente de recursos económicos de muchas de estas Corporaciones de Derecho Público. Ahora prepara una ley que acaba con la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio profesional, la reserva de actividad e incluso la especialización de las distintas ramas de la ingeniería. Lo cual hace de los colegios profesionales algo vacuo y estéril, esto es, perfectamente prescindible. Y aún señalan cínicamente que “no por esto tendrían que disolverse los colegios, salvo que voluntariamente así lo decidan”.
Es verdad que, en algún caso -raro y excepcional, por cierto-, quienes más han hecho por degradar y liquidar a estas corporaciones y más motivos han procurado para su disolución han sido los propios integrantes de alguno de esos gremios. Unos, presuntamente culpables por comisión, y otros, cooperadores necesarios de aquellos por omisión cómplice, pasividad o comodidad, han proporcionado argumentos que, amplificados, generalizados y universalizados, contribuyen al “delenda sunt collegia” que parece ser el grito de guerra entre nuestros gobernantes.
Y lo grave, con serlo y mucho, no es sólo que estos hechos supuestamente delictivos se produzcan, sino que puedan quedar silenciados y a cubierto por la “omertá” cómplice y corporativista no menos culpable -“que no se vean, que no se noten, que no traspasen”- de aquellos que -como establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por razón de sus cargos, profesiones u oficios tienen noticia de algún delito público-, están obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción. Claro que ésa es otra. Una Justicia tan lenta, brumosa, tortuosa y propicia generalmente al delincuente no sólo no ataja conductas de ese tipo, sino que las abona, incentiva y promueve. Más de uno ha oído comentar a algún directivo colegial atrapado en procesos judiciales por irregularidades y arbitrariedades en su gestión que “de aquí a que un juez me quiera aplicar justicia yo ya estoy fuera de circuito”.
Hace pocos meses, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) lanzó una carga de profundidad contra la línea de flotación y supervivencia de los colegios profesionales en un medio informativo de ámbito nacional que provocó no pocas rasgaduras de vestimentas y contestaciones en contrario, alguna de las cuales recogimos aquí en su día puntualmente.
El presidente de la CNC disparaba frontalmente contra “las dos principales vías de financiación de los colegios profesionales, los visados y las cuotas colegiales”. A propósito de la entrada en vigor de la llamada Ley ómnibus y la más que previsible desaparición de la colegiación y el visado obligatorios, en su escrito contra “el privilegio de los visados”, el titular de la CNC preveía “innumerables presiones” y “una campaña mediática que combina elementos de marketing, demagogia e inexactitud, así como una calculada porción de alarmismo”. Y aseguraba: “hasta cierto punto resulta lógico que esos pocos (los dirigentes colegiales) que se benefician de la situación defiendan sus intereses, aunque sean contrarios a los de la mayoría de los profesionales, y por supuesto a los de la totalidad de los ciudadanos”. Finalmente, el presidente de la CNC abogaba por “abandonar un modelo obsoleto y opaco de financiación que permite a las élites colegiales mantener su status a costa de retraer ingresos de sus propios colegiados y encarecer los proyectos”.
No, el presidente de la CNC no tiene razón en todo. Tampoco se puede universalizar y meter a todos los colegiados y sus “élites” en el mismo saco como para ensañarse con los colegios profesionales hasta su exterminio, tal y como parece estar ahora empeñado el Gobierno. Generalizar es caricaturizar, es decir, desvirtuar o mentir. Pero no deja de resultar curioso y hasta sospechoso que quienes invocan la libertad para levantar la obligatoriedad de visados, de colegiación y de reserva de actividad de esas instituciones, impongan la obligación a todos los ciudadanos de contribuir forzosamente con el “modelo opaco de financiación”, que son las subvenciones estatales y los Presupuestos Generales del Estado, no sólo al mantenimiento de sindicatos, Ceoes, cámaras de industria, comercio, navegación y otros grandes expresos europeos, sino incluso, en algunos casos, a su opulencia exhibicionista. Tal vez necesiten las corporaciones profesionales de derecho público una reconversión inminente. Si en vez de denominarse colegios -que viene del latín- se llamaran sindicatos -que procede del griego-, el significado en su origen etimológico sería prácticamente el mismo: “unidos por la le ley” o “por la justicia”; y, sin embargo, podrían obtener el beneplácito gubernamental y no pequeñas ni escasas subvenciones. Y ahora, además, no se verían abocados a su fatal desaparición por imperio de la ley y en aras de la libertad de mercado, la modernización, la competencia y el interés general de la sociedad, como algunos pretenden.
