Madrid.- La Ley sobre prestación de servicios de tránsito aéreo, aprobada ayer por el Senado y publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, ha entrado ya en vigor. Tiene por objetivo mejorar la eficiencia del sistema de navegación aérea desde el punto de vista de la seguridad, continuidad y sostenibilidad económica y financiera; así como modernizar y racionalizar los servicios de navegación en el marco del Cielo único Europeo.
Para ello, contempla reformas estructurales y establece las pautas para solventar las deficiencias que, desde el punto de vista de los costes y de la organización del control de tránsito aéreo, presenta el actual sistema español de navegación aérea.
La nueva regulación conlleva una rebaja de los costes de navegación aérea. Concretamente, el próximo año se rebajan las tasas en un 7,8% y en el año 2012, otro 7,2%. Lo que supone, un 15% en dos años. De esta forma, se situarán en la media de las tasas de los 5 países con más tráfico aéreo de Europa.
Supondrá un ahorro anual de 120 millones de euros. “Sin duda tendrá una repercusión directa en las compañías aéreas y en el coste de los billetes que pagan los ciudadanos”, añadió José Blanco. Con ello se beneficiará el sector turístico, un sector estratégico en España, ya que 3 de cada 4 turistas que llegan a nuestro país lo hacen por nuestros aeropuertos.
La tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley ha sido un compromiso del ministro de Fomento, José Blanco, adquirido con las diferentas fuerzas políticas con el fin de contar con su apoyo y colaboración para establecer un marco jurídico duradero y estable. Así, Blanco agradeció ayer en el Senado a todos los grupos políticos sus aportaciones y la labor realizada a lo largo de estos dos últimos meses en los que la norma ha sido aprobada.
Es la primera vez que se regulan los servicios de tránsito aéreo en España, dijo el ministro. Cabe señalar que es necesario llevar a cabo esta regulación, conforme a los reglamentos y directivas de la Unión Europea, para poder cumplir con los objetivos marcados en la iniciativa “Cielo único Europeo” en el año 2012.
Así, por primera vez se concreta la obligación de los proveedores de servicios de tránsito aéreo que operen en España, incluido Aena, de garantizar en todo momento la seguridad, la eficiencia, la sostenibilidad económica y la continuidad del servicio. Para que puedan acometer estas obligaciones se les otorgan las facultades de organización y dirección.
Asimismo, se establecen las bases del régimen de descansos, actividad y turnos de los controladores, aspectos esenciales para garantizar la seguridad del tráfico aéreo. Estas disposiciones se contemplarán detalladamente en un reglamento “escuchando a los sindicatos más representativos y a las organizaciones profesionales”, según ha señalado el ministro de Fomento.
Los servicios de ruta y aproximación, que seguirán siendo prestados por AENA, se mantienen en el ámbito público al igual que se hace en los principales países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, se permite la entrada de nuevos proveedores en los servicios de tránsito aéreo ligados al aeropuerto, dotando de las normas necesarias para adecuar estos servicios a las características propias de cada aeropuerto.
Las empresas deberán estar certificadas por una autoridad europea de supervisión, de forma que puedan prestar el servicio con todas las garantías y en las mejores condiciones técnicas y económicas y de seguridad.
Con el fin de hacer más eficaz la gestión aeroportuaria, la norma contempla también la posibilidad de implantar servicios de información de vuelo (AFIS), según las características de cada aeropuerto, y siempre bajo los criterios y reglas estrictas de seguridad establecidos por OACI y por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Con todo ello, el sector de la navegación aérea pasará de un servicio en régimen de monopolio a posibilitar la entrada de nuevos proveedores de servicio europeos, favoreciendo la competitividad de los aeropuertos españoles.
El Estado seguirá siendo titular del servicio y tiene la obligación de hacer que éste se preste en condiciones de seguridad, continuidad y eficiencia, siendo sus costes económicos asumibles y equilibrados, y en cumplimiento de las leyes españolas y las directivas y reglamentos de la Unión Europea.
Con este nuevo marco, Aena deberá abordar un proceso de adaptación al nuevo régimen jurídico, para lo que el Proyecto de Ley establece un periodo transitorio de 3 años. El objetivo es que Aena recupere la potestad de dirigir y organizar el servicio público de control aéreo y reducir el déficit estructural causado por unos costes de navegación aérea, que son los más altos de Europa.
De esta forma, la norma asegura la continuidad de la prestación de servicio y además garantiza la viabilidad económica de nuestro sistema de navegación.
