Bruselas.- El Parlamento Europeo, en contra de la proposición de la Comisión, considera que el coste de la introducción de medidas más estrictas de seguridad en los aeropuertos previstas por la legislación europea deberá correr por cuenta de los Estados respectivos, según la enmienda de la Comisión de Transportes de la Eurocámara.
Los eurodiputados quieren evitar que los pasajeros soporten los elevados costes de las medidas de seguridad aplicadas por cada Estado miembro y estiman que es a los Gobiernos respectivos a los que debe corresponder su financiación.
Los escáneres corporales, que aún no se han incluido de manera generalizada en la UE en principio deberían ser financiados por los Estados miembros que los implantan en sus aeropuertos. Los detectores de metales, la inspección de equipajes, el personal de seguridad… Todas estas medidas de seguridad impuestas por los Estados miembros conforme a la regulación europea (Reglamento 300/2008) suponen inversiones considerables.
Actualmente, cada país aplica sus propias normas para determinar el reparto de cuotas de financiación de estas medidas de seguridad: en ciertos países el Gobierno participa en la financiación -como es el caso de Luxemburgo-, pero lo más frecuente es que sean las autoridades aeroportuarias quienes facturen los costes a las compañías aéreas que, a su vez, lo repercuten a los pasajeros.
Los eurodiputados demandan una mayor información y transparencia para los pasajeros sobre la parte proporcional correspondiente a costes de seguridad en el precio final del billete. Especialmente, quieren reforzar la directiva incluyendo el principio de financiación pública, lo que evitaría a los pasajeros pagar por las medidas de seguridad que corresponden a los Estados. La enmienda adoptada establece que “los costes suplementarios que implica la aplicación de las nuevas medidas más estrictas -que aquellas previstas en el Reglamento 300/2008- sean soportadas por los Estados miembros.
Los Estados miembros se oponen a una directiva que les impondría una financiación pública, pero los eurodiputados están decididos. El británico Brian Simpson, presidente de la Comisión de Transportes, ha hecho saber que recomendará el rechazo de la proposición en su conjunto en la hipótesis de que el Consejo de Ministros no aceptara la enmienda parlamentaria.
