Madrid.- La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados dio luz verde ayer por unanimidad a la reforma de la Ley de Navegación Aérea que ahora tendrá que aprobar el Pleno antes de pasar a su ratificación en el Senado. Con ella se pretende solventar el problema suscitado por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el ruido de los aviones que podía haber supuesto el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas.
El Tribunal hizo público el pasado mes de noviembre un auto por el que ejecutaba una sentencia del Tribunal Supremo de un año antes y en el que ordenaba «con carácter inmediato» proceder a la reducción de un 50% de la cifra actual de vuelos sobre la urbanización Santo Domingo de Algete.
Para el TSJM, las medidas para la reducción de ruidos «no pueden consistir en el cese absoluto de los sobrevuelos y el cierre inmediato de la pista 18-R, pues no es esto lo que requiere el fallo del Supremo que ejecutamos, siendo suficiente una disminución bastante de su número y frecuencia». Para el Tribunal era suficiente y razonable la disminución de vuelos en un 50% de las cifras actuales.
Esta resolución supondría la ruina para el aeropuerto de Barajas y para Aena, como entidad gestora del mismo en cuya ampliación ha invertido una ingente cantidad de millones de euros y de esfuerzos.
Tras un debate de apenas media hora, la comisión dio ‘luz verde’ a una norma para la que el PSOE se aseguró el apoyo de todos los grupos a cambio de impulsar la creación en aquellos aeropuertos que lo soliciten de una comisión mixta «paritaria» que se encargará de regular todos los temas relacionados con las servidumbres acústicas. Este órgano estará compuesto por tres representantes del estado y tres de las comunidades autónomas, ayuntamientos, y asociaciones de vecinos, que se repartirán por turnos la presidencia.
Asimismo, el PSOE pactó varias enmiendas con el resto de grupos que plantean, entre otros temas, que la aplicación de la ley a las infraestructuras aeroportuarias preexistentes debe respetar el derecho de los vecinos «reconocido por sentencia firme», de forma que los municipios serán compensados cuando se superen ciertos niveles de ruido.
